Gobierno de Chile lanza estrategia anticorrupción
SANTIAGO (AP) — El gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó el martes una estrategia anticorrupción que busca contar “con instituciones confiables y sólidas” en medio de la crisis institucional que sacude desde hace años a la sociedad chilena.
El lanzamiento de la llamada Estrategia Nacional de Integridad Pública recibió el apoyo de los líderes de la Cámara de Diputados y el Senado, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, así como del Fiscal Nacional, el comandante fefe de la Armada y el director general de Carabineros (policía), pese a que prácticamente todas esas instituciones han sido fuertemente cuestionadas por los chilenos en los últimos años.
La nueva estrategia, que se articulará en torno a cinco ejes —transparencia, recursos públicos, función pública, política y sector privado— tiene el objetivo de instaurar una “cultura de probidad y transparencia” que permita “recomponer la confianza y fortalecer” la democracia, destacó un comunicado de la Secretaría de la Presidencia.
“Es esencial el combate contra la corrupción. Eso significa dar la pelea para la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, resaltó Boric en un vídeo pasado en la presentación afirmando que se debe cambiar la actual cultura reactiva por una más anticipativa “para que la confianza no se siga deteriorando”, de forma que “la transparencia y la participación ciudadana permeen a toda la administración pública”.
La crisis institucional y de confianza atizada por denuncias de presunta malversación de fondos que sacudieron fuertemente a instituciones como Carabineros, o al Ejército de Chile fueron uno de los elementos que llevaron a los chilenos a las calles en la revuelta social del 18 de Octubre de 2019.
Por ejemplo, el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, renunció el pasado mes de marzo a su puesto un día antes de ser citado como implicado en un caso en el que se le acusa de ocho delitos de fraude al fisco, como parte del escándalo llamado Milicogate que implica a decenas de personas y cantidades millonarias. Antes que él dos de sus predecesores, Humberto Oviedo (2014-2018) y Juan Miguel Fuente-Alba (2010) también fueron acusados de malversación de hasta más de cuatro millones de dólares.
