Gobierno de Petro podría dialogar con bandas criminales

BOGOTÁ (AP) — El gobierno de Gustavo Petro, próximo a posesionarse, estaría dispuesto a hablar con diversos grupos al margen de la ley en Colombia que incluyen al Clan del Golfo, el cártel más peligroso del país.

El designado canciller Álvaro Leyva dijo el jueves a la prensa que recibió una carta firmada por varios grupos armados en la que manifiestan su intención de dialogar para cesar con la violencia que continúa en gran parte del territorio.

“La recibí, es algo de lo que tenía razón de tiempo atrás, por alguna razón hablábamos de la ‘paz total’ y es uno de los propósitos, precisamente es lo que vamos a iniciar con muchos y a continuar con otros”, dijo Leyva, quien recordó que Petro le encomendó como una de sus funciones liderar procesos de paz.

La carta que refiere Leyva circuló en medios de comunicación locales, pero no recibió una verificación de las autoridades. En ella, los armados dicen estar dispuestos a “coordinar un cese al fuego” a partir del 7 de agosto, día en que se posesiona Petro, así como a desarmarse, pedir perdón, aportar a la verdad, reparar, no repetir actos criminales y cumplir con la “justicia restaurativa” y dicen que en la “medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel”.

La firmarían el Clan del Golfo -también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia-, Los Caparrapos, Los Rastrojos, Los Shottas, La Inmaculada y los Mexicanos de Quibdó.

Francisco Daza, investigador de posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación que monitorea el accionar de grupos armados, asegura que hay dudas sobre la veracidad de la carta, debido a que la firman dos grupos armados que llevan años en disputa: el Clan del Golfo y Los Caparrapos. “Por tanto, es complejo pensar qué circunstancias se dieron para una carta conjunta”, dijo a The Associated Press.

Más allá de la carta, la declaración del designado canciller apunta en la misma dirección que Petro, quien ha defendido la negociación de paz y la iniciación de sometimiento a la justicia para lograr una “paz completa”.

El mismo Petro en su juventud dejó las armas en 1991 cuando el M-19, grupo guerrillero en el que militó, firmó un acuerdo de paz con el Estado. En la legalidad se convirtió en senador, alcalde de Bogotá y en el primer presidente de izquierda elegido en Colombia.

En Colombia la violencia persiste pese a que en 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.

Con la dejación de armas de las FARC, otros grupos armados, incluyendo las disidencias de la antigua guerrilla, ocuparon los territorios para continuar con economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

“Hay un gran reto para el nuevo gobierno. Múltiples grupos armados expresan la voluntad de dejar las armas, pero son procesos distintos, no se puede negociar igual con todos y hay que ver cómo se puede evitar que esos vacíos territoriales sean llenados por otros grupos y cerrar el ciclo”, advirtió Daza.

La víspera, el nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, dijo en su primer discurso que el Congreso les “dará una oportunidad” a los violentos a través de las adecuaciones “en el sistema de justicia transicional” que ya se implementó con las extintas FARC o a través de “disposiciones normativas que faciliten su sometimiento a la justicia ordinaria”.

En medios locales aclaró que el camino para los grupos narcotraficantes sería el sometimiento, mientras que la mesa de negociación se reanudaría con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa de Colombia.

Esto significaría un cambio de rumbo en la estrategia contra los grupos armados. El gobierno saliente del conservador Iván Duque se enfocó en las operaciones militares y logró capturar al jefe máximo del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, quien fue extraditado a Estados Unidos solicitado por narcotráfico.

Su captura inició una ola de ataques e intimidaciones del Clan del Golfo. Las autoridades denunciaron esta semana que el cártel está pagando hasta 1.200 dólares por cada policía asesinado.

El general Fernando Murillo, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y encargado de la operación contra el Clan del Golfo, aseguró a la AP que este año 22 policías han sido asesinados presuntamente por el cártel como parte de una retaliación por la captura de “Otoniel” y otros golpes.

“Desde que se captura Otoniel decimos que se acabó con el clan como familia, porque era la familia Úsuga la que tenía el control. Los nuevos cabecillas son varios, está fraccionada la organización y entre ellos hay rivalidades”, dijo Murillo.