EEUU: juez rechaza pedido de exenfermera de Chávez

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Un juez federal del sur de Florida rechazó el martes el pedido de una exenfermera y tesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para que desestime las acusaciones de lavado de dinero que enfrenta, allanando así el camino para su juicio.

En una audiencia de menos de media hora realizada en los tribunales federales de Fort Lauderdale, el juez William P. Dimitrouleas consideró que, por el momento, las acusaciones contra Claudia Díaz Guillén presentadas por el gobierno de Estados Unidos están sustentadas.

“Voy a negar la moción para desestimar” los cargos, dijo el magistrado tras haber escuchado los alegatos de ambas partes.

Junto a su esposo, Díaz enfrenta tres acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios. De ser encontrados culpables podrían enfrentar, cada uno, una condena de hasta 20 años de prisión por cada cargo y una deportación a Venezuela una vez que cumplan su tiempo en prisión.

El inicio del juicio está previsto preliminarmente para el 17 de octubre, pero unos días antes habrá una nueva audiencia para evaluar si las partes están listas. Podría suceder también que Díaz y la fiscalía lleguen a un acuerdo antes de esa fecha y el juicio sea cancelado, o que el juez cambie de opinión y desestime el caso si le pide a la fiscalía que presente más evidencias y no queda conforme.

Díaz estuvo presente en la audiencia, pero no efectuó declaraciones, salvo cuando le respondió al juez que podría escuchar bien la traducción al español. Sentada junto a su abogada Marissel Descalzo, lucía tranquila, con su cabello negro largo y suelto. Estaba vestida con uniforme gris de presa, llevaba un cubrebocas y esposas en las muñecas y grilletes en los pies.

A fines de junio, Díaz solicitó a la corte que desestime las acusaciones que enfrenta junto a su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, quien se encuentra en España a la espera de ser extraditado.

Díaz se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2002 y abril de 2013 pero alega que “en esas funciones actuó sin independencia basándose en las órdenes estrictas y específicas” de Chávez, de acuerdo con el documento en el que pidió la desestimación de los cargos.

Su defensa asegura que el gobierno estadounidense carece de jurisdicción para acusarla a ella y a su esposo ya que los hechos habrían ocurrido fuera de este país.

La abogada de Díaz, Descalzo, le dijo al juez que el gobierno no ha ofrecido detalles sobre el supuesto lavado de dinero o cómo ellos transfirieron, transportaron o transmitieron instrumentos monetarios. Por el contrario, alegó, las acusaciones indican que fue el magnate venezolano de medios de comunicación Raúl Gorrín quien transfirió, transmitió o trasportó fondos desde cuentas de bancos suizos.

“No hay ni un sólo e-mail que diga que la señora Díaz haya hecho nada”, expresó Descalzo al magistrado en un intento de fundamentar su pedido para que se desestimaran las acusaciones y el caso. “¿Cómo puede beneficiarse de dinero girado a cuentas de las que ella no tiene control?", dijo.

La fiscalía asegura que Díaz aceptó unos 65 millones de dólares de sobornos de Gorrín para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella dirigía la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Parte de ese dinero, unos ocho millones de dólares, habrían llegado al sur de Florida, según los fiscales federales.

Gorrín permanece prófugo de la justicia estadounidense y se sospecha que se encontraría en Venezuela. El empresario enfrenta acusaciones de asociación ilícita para transgredir las leyes sobre corrupción en el extranjero.

En la audiencia, el fiscal Paul Hayden dijo que el gobierno estadounidense planea ofrecer evidencias de emails, documentos y testigos para fundamentar sus acusaciones.

Díaz se declaró inocente a poco de haber sido extraditada desde España en mayo y permanece desde entonces detenida en una prisión federal. Otro juez rechazó su solicitud de libertad condicional al considerar que existe un alto riesgo de que se fugue del país.

La exenfermera ha manifestado también que tras el fallecimiento de Chávez y la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro, su familia fue perseguida y debió refugiarse en España en 2016.