Iglesia Católica venezolana atiende denuncias de abusos

CARACAS (AP) — Los jerarcas de la Iglesia Católica venezolana afirmaron el miércoles que la institución se toma en serio las denuncias en contra de sacerdotes acusados de delitos sexuales y como conjunto el clero presta su colaboración y respeta las decisiones de la justicia civil para el esclarecimiento de los hechos en los que se vean involucrados.

El escándalo de abusos sexuales en la iglesia católica venezolana salió a la luz pública dos semanas atrás a raíz de una investigación del diario estadounidense The Washington Post en la que se documentaban diez casos, incluidos tres en los que los presuntos autores permanecieron en el clero. En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, el diario estadounidense detectó sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que en ningún momento fueron encarcelados.

“Nos sentimos profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abusos”, dijo Mario Moronta, obispo de la ciudad andina de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana en una rueda de prensa. Añadió que en las distintas diócesis, institutos religiosos, centros educativos y sociales de la Iglesia Católica “hemos venido estableciendo mecanismos para recibir denuncias de presuntos abusos”.

Moronta relató que en muchas ocasiones los casos no son de domino público debido a que se mantienen bajo confidencialidad “en respeto a las víctimas y también porque estamos haciendo un estudio bastante serio” de cada denuncia “Estamos conscientes de que siempre se puede hacer más y estamos dispuesto hacerlo” aseveró.

En relación con algunos de los casos reportados por The Washington Post, Moronta escuetamente, sin dar detalles, comentó que al menos tres de los sacerdotes fueron enjuiciados por abusos. Uno fue condenado y falleció, otro fue liberado y un tercero permanece en prisión.

Uno de los casos mencionados por el diario es el del párroco identificado como Luis Alberto Mosquera, sentenciado en 2006 a siete años por abusar de un niño y que habría retornado al ejercicio del sacerdocio en el estado occidental de Lara tras ser liberado luego de cumplir apenas dos años de su sentencia.

Los abogados del clérigo temían por su seguridad en prisión y solicitaron la libertad condicional. Un juez avaló la petición y retornó a la iglesia en Lara, a unos 240 kilómetros al oeste de Caracas. The Washington Post constató que una foto publicada en su cuenta de Facebook en 2016, y vuelta a publicar en 2017, muestra al sacerdote rodeado de niños.

El diario entrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas, y revisó documentos policiales y judiciales. Los consultados señalaron que hay un patrón que sugiere que habría "colusión” entre miembros de un sistema judicial corrupto y la Iglesia para amparar a los acusados en lugar de a las víctimas.

Activistas de derechos humanos —entre otras organizaciones como el Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), que se dedican a la protección de los niños y adolescentes-- exigieron a las autoridades venezolanas y la Iglesia Católica que se investiguen en profundidad los casos de abusos sexual y se castigue a los responsables.

“Ante la documentación de casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica venezolana, Cecodap reitera la importancia de investigar los hechos, el acompañamiento a las víctimas por parte del Estado y la sanción a los responsables”, dijo la organización en un comunicado.

“Ocultar o silenciar este tipo de casos profundiza la violencia, genera nuevas víctimas y normaliza la agresión”, agregó Cecodap.

Moronta, sin dar una explicación sobre el regreso de Mosquera al ejercicio del sacerdocio, señaló que a lo largo del presente año ha sido “suspendido del ministerio y se le ha retomado su proceso” jurídico en la Iglesia.

Aclaró que cada diócesis, de acuerdo con el planteamiento jurídico de la Iglesia, es autónoma. Cuando se da un caso de abuso lo atiende el obispo con las autoridades de El Vaticano, la única instancia facultada para decidir la suerte del sacerdote. Moronta declinó dar cifras completas de sacerdotes acusados de abusos en los últimos años.