Ecuador: Gobierno e indígenas alcanzan acuerdo

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador y representantes de organizaciones indígenas alcanzaron un acuerdo el jueves con el que se puso fin a las movilizaciones y protestas que durante 18 días generaron intensas alteraciones en la vida pública del país.

El pacto, que incluye una reducción de los precios de los combustibles y otras concesiones, fue firmado por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el dirigente de los indígenas, Leonidas Iza, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Cabrera, que actuó como mediador.

Previo a la firma del acta, Iza pidió tiempo para consensuar con los dirigentes regionales la aceptación de los términos del acuerdo propuesto, y tras la cita se pidió incluir algunos puntos exigidos con anterioridad.

Cuando dos de los representantes de los indígenas ya habían firmado el acta, Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, se negó a hacerlo mientras era presionado por sus propias bases y por los otros dirigentes. Finalmente lo hizo.

Por la noche, el presidente Guillermo Lasso pronunció un discurso en cadena de radio y televisión en el que propuso hacer del campo una prioridad nacional, curar heridas y reconstruir el país.

El mandatario dijo que es hora de recuperar el tiempo perdido, de “trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables. Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido, el progreso, bienestar y oportunidades para todos”.

Manifestó que se pondrá fin al abandono que ha sufrido el sector rural por parte del Estado desde hace más de 40 años.

“Hemos escuchado y sabemos del desafío que tenemos por delante, siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno”, declaró Lasso. “Somos una familia, todos queremos lo mejor para este país. Estamos aquí para construir un mejor Ecuador”.

Entre otros puntos, el acuerdo incluye que la gasolina bajará de 2,55 a 2,40 dólares el galón y el diésel de 1,90 a 1,75; que no se extenderá la frontera petrolífera ni se realizarán actividades mineras en áreas protegidas, parques nacionales ni fuentes hídricas.

Ahora el gobierno tendrá un plazo de 90 días para entregar soluciones a los reclamos de los indígenas tras el prolongado paro y las protestas. Al menos cuatro personas murieron en hechos vinculados a incidentes violentos, según las autoridades.

Iza aseguró que se debe reconocer los puntos en los que se ha avanzado en la lucha, “pero hay puntos pendientes y puntos rojos con los que no estamos de acuerdo, pero por pacificar el país tenemos que acceder al acta y garantizar el resto de puntos en que sí hemos triunfado”.

“Si las políticas del Estado no resuelven el problema de los pobres entonces los pueblos se levantan", advirtió. Es "importante que podamos tener claridad en este proceso”.

Por su parte, Jiménez reconoció que “sabemos que tenemos un país con muchas fracturas, con muchos problemas, con injusticias sin resolver, con importantes sectores de la población que aún están muy relegados”, y prometió que el gobierno trabajará para construir un país de paz, justo y equitativo.

Ambas partes habían empezado el lunes un diálogo que estuvo a punto de desembocar en una salida definitiva, pero la madrugada del martes un ataque presuntamente indígena a un convoy de combustibles custodiado por uniformados motivó al gobierno a abandonar las negociaciones. En esa agresión falleció un militar y 12 agentes resultaron heridos.

Desde el 13 de junio la Confederación declaró un paro nacional para exigir la reducción del precio del combustible de 2,55 dólares el galón a 2,10 dólares, un incremento en el presupuesto para la salud y la educación, y la fijación de precios de los productos agropecuarios, entre un total de 10 demandas.

Por presión de los empresarios, los productores y los mismos agricultores —que a diario deben desechar millones de dólares en productos perecederos_, y de la sociedad civil que padece desabastecimiento de alimentos, gas y combustible, las partes accedieron a volver a la mesa de negociación.

Las protestas se caracterizaron por férreos bloqueos de vías en los que se impidió el paso de alimentos, combustibles e inclusive ambulancias. Uno de los efectos ha sido una escalada de precios de los pocos productos comestibles que llegan a las ciudades, especialmente del centro-norte andino, una de las zonas más afectadas por el paro.