Corte Suprema: Biden puede anular política de asilo de Trump

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema falló el jueves que el gobierno de Joe Biden puede anular una política de inmigración de su predecesor Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en cortes de inmigración estadounidenses, decisión que constituye una victoria para la Casa Blanca, la cual de todas formas debe atender al creciente número de personas que buscan refugio en la frontera sur de Estados Unidos.

El fallo tendrá pocas repercusiones inmediatas porque la política conocida como “Permanecer en México” rara vez se ha aplicado durante el actual gobierno, que la restituyó después de que lo ordenara una corte en diciembre. Fue Trump quien la puso en marcha y la aplicó firmemente.

Dos jueces conservadores de la corte se sumaron a sus tres colegas liberales en el respaldo a la posición de la Casa Blanca.

Durante el gobierno de Trump, el programa inscribió a unas 70.000 personas después de que lo pusieran en marcha en 2019. Biden suspendió la política —conocida formalmente como Protocolos de Protección a Migrantes (PPM)— desde su primer día en la presidencia en enero de 2021. Pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda que presentaron republicanos de Texas y Missouri.

La dinámica en la frontera ha cambiado considerablemente desde que “Permanecer en México” formó parte medular de las políticas fronterizas de Trump.

Otra política del gobierno de Trump que continúa en vigor y que el fallo del jueves no incluyó permite al gobierno expulsar rápidamente a los migrantes sin darles oportunidad de que soliciten asilo, haciendo a un lado la ley estadounidense y un tratado internacional bajo el argumento de que se aplica para contener la propagación del COVID-19. Se han efectuado más de dos millones de expulsiones desde que en marzo de 2020 comenzara a implementarse esta normativa, conocida como Título 42.

En mayo, un juez federal en Luisiana impidió al gobierno de Biden suspender el Título 42 en un caso que a la larga podría ir a dar a la Corte Suprema.

El fallo sobre la política “Permanecer en México” fue dado a conocer el mismo día en que la corte asestó un duro golpe al gobierno de Biden en un caso ambiental importante en torno a la principal ley contra la contaminación del aire en el país. Esa decisión pudiera complicar los planes del gobierno para combatir el calentamiento global.

El centro de la disputa legal en el caso de inmigración era determinar si las autoridades migratorias federales, con mucha menor capacidad de detención que la necesaria, tenían que enviar a personas a México o si contaban con discreción bajo la ley federal para dejar a solicitantes de asilo en libertad en Estados Unidos mientras aguardan a ser convocados a sus audiencias.

Después de que Biden suspendió el programa, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En octubre, ese departamento presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la política, pero los tribunales no les dieron el visto bueno.

El presidente del máximo tribunal, John Roberts, escribió en la opinión de la mayoría que la corte de apelaciones “erró al fallar que” la ley federal de Inmigración y Nacionalidad “requería que el gobierno continuase implementando” la política decretada por Trump. Se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh —nombrado por Trump— y los tres jueces liberales de la corte: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Kavanaugh escribió por separado que en general, cuando no existe capacidad suficiente para detenciones, tanto dejar en libertad a los solicitantes de asilo en Estados Unidos como enviarles de regreso a México “son opciones legalmente permisibles bajo las leyes de inmigración”.

Ni Biden ni el Departamento de Seguridad Nacional han hecho comentarios sobre el fallo.

El profesor de derecho Stephen Yale-Loehr, de la Universidad de Cornell y experto en inmigración, dijo que el gobierno de Biden no tiene que tomar pasos adicionales para poner fin a la política, pero Texas y Missouri pueden impugnar con el fin de que se determine si el gobierno federal siguió los procedimientos adecuados para suspender el programa o no.

En el disenso a nombre de él y sus colegas conservadores Clarence Thomas y Neil Gorsuch, el ministro Samuel Alito escribió que la práctica de dejar en libertad a “incalculables números de extranjeros” en Estados Unidos “infringe los términos claros de la ley, pero la corte se hace de la vista gorda". La magistrada Amy Coney Barrett dijo que coincidía con el análisis de la mayoría sobre los méritos del caso, pero que ella habría regresado el caso a una corte de menor instancia para su reconsideración.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en una declaración que el fallo de la corte es “desafortunado”. Argumentó que la decisión “empeorará la crisis fronteriza. Pero no es el fin. Seguiré adelante y me concentraré en proteger la frontera y mantener seguras a nuestras comunidades en la otra docena de demandas de inmigración que estoy litigando en las cortes”. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que el fallo “sólo alienta la política fronteriza de puertas abiertas del gobierno de Biden”.

Desde diciembre, el gobierno sólo ha registrado a 7.259 migrantes en “Permancer en México”. Entre diciembre y mayo, las autoridades estadunidenses detuvieron a migrantes 1,2 millones de veces en la frontera con México, lo que ilustra el impacto limitado que ha tenido la política en el gobierno de Biden.

Aproximadamente 6 de cada 10 personas en el programa eran nicaragüenses. El gobierno ha dicho que aplicaría la política a nacionalidades menos propensas a estar sujetas a los límites implementados debido a la pandemia de COVID-19. Las malas relaciones diplomáticas con Nicaragua le dificultan extremadamente a Estados Unidos repatriar a los ciudadanos de ese país bajo el Título 42.

Los defensores de los inmigrantes reconocieron que un número relativamente pequeño de solicitantes de asilo que llegaron a la frontera suroccidental se ven afectados por el programa PPM que abordó la corte. De todas formas, activistas y demócratas figuraron entre quienes elogiaron la decisión, al igual que quienes están aguardando en México.

Oscar René Cruz, taxista nicaragüense que se encuentra en un albergue del Ejército de Salvación en Tijuana, México, dijo después del fallo que estaba muy contento, aguardando a ver qué sucede con las personas como él. Saben que el programa ha terminado pero no se les ha indicado que sucederá con ellos, agregó.

Cruz dijo esperar que pronto termine la política de que tengan que esperar en México, y señaló que nadie quiere quedarse en el país latinoamericano.

La representante demócrata Pramila Jayapal dijo en un comunicado que aquellos que “huyen de la violencia y la persecución para buscar asilo —al que tienen derecho por ley— no deberían ser obligados a permanecer en lugares considerados peligrosos e inseguros mientras esperan su audiencia en una corte”.

Jacob Lichtenbaum, abogado del grupo defensor de los derechos de los inmigrantes CASA en Maryland, dijo que el fallo es una “victoria importante para la seguridad, la compasión y el estado de derecho”.

Sin embargo, el representante John Katko, el republicano de más alto rango en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que el programa “Permanecer en México” era una herramienta crucial para ayudar a gestionar las llegadas en la frontera suroccidental, y señaló que el gobierno actual carece de un plan para abordar el asunto.

El caso es Biden vs. Texas, 21-954.

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Spagat informó desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Amy Taxin, en el condado Orange, California; Jorge Lebrija, en Tijuana, México, y Alan Fram, en Washington, contribuyeron a este despacho.