Nicaragua clausura asociación de Madre Teresa de Calcuta
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicaragua clausuró el miércoles 101 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, y anunció que prepara el cierre de otras 100 en los próximos días.
El decreto de cierre de las ONG fue aprobado por el Parlamento de mayoría oficialista por 75 votos a favor y 15 abstenciones, elevando a 758 la cifra de asociaciones sin fines de lucro ilegalizadas por el presidente Daniel Ortega en los últimos cuatro años.
Las autoridades aducen que las “misioneras”, que llevaban 34 años de laborar en Nicaragua, incumplieron sus obligaciones con el Ministerio de Gobernación, no presentaron un registro formal de donaciones y patrimonio, y violaron la Ley de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
También señalan que esa ONG no está autorizada por el gobierno para manejar los proyectos sociales que regentaba, entre otros una guardería, un centro de desarrollo infantil, un hogar de niñas y un asilo de ancianos.
La Asociación Misioneras de la Caridad fue creada en 1988 bajo el primer gobierno de Daniel Ortega y después de una visita al país de la Madre Teresa de Calcuta. Las monjas también impartían clases de educación primaria y cursos de música, teatro, belleza y oficios técnicos para niños y adolescentes víctimas de violencia.
La mayoría de las ONG clausuradas en la jornada son desconocidas, como la Asociación de Vecinos de Casitas, la Fundación Santa Brígida o la Asociación Nicaraguanet, pero también figuran entidades conocidas como el Colegio Farmacéutico de Nicaragua y la Asociación de Obreros Bananeros de Occidente Afectados del Nemagón (Aobon), que agrupa a agricultores perjudicados por el uso de pesticidas.
Las ONG comenzaron a surgir en Nicaragua durante la revolución sandinista (1979-1990) pero tuvieron su mayor auge a partir del gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997). Ortega, que regresó al poder en 2007, comenzó a clausurar ONG hace cuatro años, en el contexto de una revuelta social que puso en jaque a su gobierno.
Ortega alega que muchas ONG reciben fondos “del imperio” (Estados Unidos) y que alentaron “un fallido golpe de Estado” a través de las protestas civiles que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas por policías y paramilitares, con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 110.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde entonces a la fecha han sido ilegalizadas 758 ONG y el miércoles el Parlamento anunció que discutirá el cierre de otras 100, incluida la conocida asociación de mujeres Grupo Venancia, que durante años atendió a poblaciones vulnerables en el norteña zona de Matagalpa.
Nicaragua vive una grave crisis y la oposición acusa al gobierno de mantener encarcelados a 182 “presos políticos”, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que intentaron participar en las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega se reeligió por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo que inició en enero último.
