El Salvador: HRW condena asesinato de policías

SAN SALVADOR (AP) — La organización Human Rights Watch condenó el miércoles el asesinato de tres policías salvadoreños emboscados por pandillas, denunció que estos grupos han cometido “brutales abusos” y exigió combatirlos respetando los derechos humanos.

“Human Rights Watch repudia el homicidio de tres policías presuntamente cometido por miembros de pandillas”, manifestó la organización en una carta dirigida al presidente Nayib Bukele, que la víspera criticó a los organismos defensores de esos derechos, de los que dijo sólo defienden a las pandillas.

La organización activista reconoció que las pandillas han cometido abusos brutales en el país —entre ellos homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores, violaciones sexuales y desplazamiento forzado_, los cuales dice haber documentado y condenado reiteradamente.

La carta suscrita por Tamara Taraciuk Broner, directora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch, dice que el Estado salvadoreño tiene la obligación, conforme al derecho internacional, de tomar medidas eficaces para proteger a la población de graves abusos cometidos por las pandillas y llevar a los responsables ante la justicia.

Pero agrega que, con el propósito de proteger a los habitantes, es necesario que el gobierno “adopte medidas sostenibles, eficaces y respetuosas de los derechos humanos para desarticular a las pandillas”.

Exige que las autoridades las combatan respetando los derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a la integridad física, y que garanticen un sistema de justicia independiente que pueda investigar los delitos cometidos por estos grupos criminales.

Reprochó también el “enfoque punitivo de guerra contra las pandillas”, que dice privilegia el encarcelamiento masivo sin el debido proceso en respuesta a la delincuencia.

Human Rights Watch señala que desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo, el cual aún está vigente, “hemos documentado decenas de violaciones de derechos humanos”, incluyendo de ciudadanos que no tienen nada que ver con las pandillas.

Estos abusos, señala el organismo, incluyen, entre otros, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de salvadoreños inocentes, en su mayoría de escasos recursos.

En la misiva, Taraciuk le dice a Bukele que “su gobierno ha adoptado medidas que debilitaron la independencia del poder judicial y el Ministerio Público, lo cual limita el acceso de las víctimas a una justicia genuina y las expone a una situación de indefinición”.

Reiteró su solicitud de una reunión con el mandatario para conversar acerca de la situación de los derechos humanos en el país y sobre las recomendaciones en torno a las políticas públicas que podrían ayudar a garantizar el derecho de todo el pueblo salvadoreño.

Entretanto, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), Apolonio Tobar, informó que inició una visita a los centros penales del país para constatar la condición de los reos, pero no reportó violaciones a sus derechos.

El procurador visitó el Complejo Penitenciario “La Esperanza”, el más grande del país, donde Tobar “constató la condición física, médica de los privados de libertad y la infraestructura en que se encuentran en el centro penitenciario”, según indicó la PDDH en un tuit.

Luego del asesinato de los policías, dos hombres y una mujer, Bukele advirtió que el Estado desatará todo su poder contra las pandillas. “No vamos a parar hasta que terminemos con estos pandilleros de nuestro país y estén tras las rejas”, manifestó.

Bukele arremetió contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos y denunció que sólo defienden a las pandillas.

“Los organismos de derechos humanos y las ONG no van a decir nada, porque no les importa. Cuando un pandillero es llevado a la cárcel comienzan a decir: ‘pobrecito, no va a comer bien en la cárcel’. Pero están vivos y enfrentando un proceso judicial”, agregó. “Si los pandilleros y sus aliados nacionales e internacionales piensan que esto va a hacer que retrocedamos, se equivocan”.

Advirtió que el gobierno seguirá luchando hasta acabar con las pandillas, aunque reconoció que no será fácil.

Las pandillas, que se estima suman unos 70.000 integrantes, se encuentran presentes en barrios y comunidades populosas y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.

En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.