Ecuador: Gobierno acepta volver al diálogo con indígenas

QUITO (AP) — El gobierno ecuatoriano aceptó el miércoles volver a un diálogo con los indígenas con la mediación de la Conferencia Episcopal tras 17 días de un paro nacional convocado por ese sector, el cual ha causado bloqueos en las principales vías y desabastecimiento de alimentos, medicinas, gas y gasolina en algunas ciudades del país andino.

En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que a consecuencia de las gestiones mantenidas “para devolverle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación... el proceso inició a petición de las organizaciones en conflicto”.

Destacó que la Conferencia Episcopal definirá los actores, los representantes y los temas en cuestión para que “podamos llegar a una solución definitiva”, y reiteró la voluntad de alcanzar una solución para devolverle la paz al país.

Con respecto a la negativa del presidente Guillermo Lasso de volver a interactuar con el máximo líder indígena, Leonidas Iza, Jiménez aseveró que, al haber aceptado el proceso de mediación, “nos sujetamos a su metodología; son ellos los que van a designar los delegados de parte y aparte. No queremos poner condicionamientos".

Los acercamientos entre el gobierno y los indígenas, que el lunes hacían vislumbrar una solución cercana, quedaron congelados luego del ataque de presuntos indígenas a un convoy militar que dejó un muerto y 12 uniformados heridos.

El paro nacional fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en Ecuador, en demanda de la reducción del precio de la gasolina de 2,45 a 2,10 dólares el galón, mayor presupuesto para salud y educación, y la fijación de un tope a precios de productos agropecuarios.

Más temprano, Lasso decretó el estado de excepción por 30 días en las provincias de Imbabura, en el norte del país; Azuay, en el sur, y Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía. El gobierno dijo que el objetivo es recuperar el orden público, controlar la violencia, asegurar la provisión de medicamentos, oxígeno para hospitales, combustibles y alimentos en esas regiones.

Estableció también como zona de seguridad el área de influencia donde se encuentran los pozos, las instalaciones e infraestructura petrolera del país, en la Amazonía. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca del 30% de los ingresos.

El estado de excepción reduce una parte de los derechos ciudadanos, incluidos los de movilización y reunión, entre otros.

Hasta ahora, las protestas han dejado 228 policías heridos, 32 policías secuestrados —que ya han sido liberados_, diez unidades policiales destruidas y 72 vehículos afectados, informó a la prensa el comandante general, Fausto Salinas.

Para presionar a que el gobierno dé una respuesta, el Movimiento Indígena y Campesino de la región de Cotopaxi anunció que prepara una movilización “masiva y contundente hacia la capital, el día jueves... con todas las organizaciones, gremios, transportistas y trabajadores”. Mientras tanto, cientos de indígenas de la provincia de Imbabura ya bloquean una de las principales avenidas periféricas de la ciudad.

Por su parte, el gremio que reúne a las poblaciones nativas de la Amazonía indicó a sus bases que “se mantienen todas las medidas en las seis provincias de la región amazónica”.

El denominado Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos y de educación, entre otros, anunció una gran movilización para el jueves por la tarde en respaldo al movimiento indígena y para exigir que el gobierno disminuya los costos de los combustibles, como medida “indispensable” para que la paz retorne al país, manifestó Nelson Erazo, dirigente del gremio.

Durante la tarde y noche del martes decenas de indígenas que eran transportados en camiones circularon por el norte de la capital, golpeando cuanto vehículo particular encontraban a su paso, y a muchos de ellos les cortaron las llantas. También obligaron a algunos negocios a cerrar.

“Exijo una vez más a la policía y al ejército encargados del orden público que nos protejan de estos vándalos”, publicó en Twitter el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, junto a videos de los ataques.

Las protestas se han caracterizado por férreos bloqueos de vías que impiden el paso de alimentos, combustibles e inclusive ambulancias. El primer efecto ha sido un notable desabastecimiento en algunas ciudades, donde los precios de los productos agrícolas se han duplicado o triplicado.