Gran Bretaña propone nueva ley de derechos humanos
LONDRES (AP) — El gobierno británico develó el miércoles planes para una Declaración de Derechos Humanos que según dice fortalecerá la libertad de expresión y el poder del Parlamento, pero que según críticos socavaría las protecciones para la gente común.
El gobierno publicó el texto de la ley pocos días después de que tribunales en el Reino Unido y en Europa fallaron en contra de los planes de la administración conservadora del primer ministro Boris Johnson de enviar a Ruanda a migrantes que pidan asilo en Gran Bretaña.
De ser aprobada por el Parlamento, la ley haría más difícil la presentación de denuncias de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, reduciría la capacidad de un extranjero convicto de un delito en Gran Bretaña de resistir una orden de deportación alegando cuestiones de derechos humanos.
El gobierno insiste en que lo único que quiere es evitar denuncias “triviales” y “frívolas”.
La ley daría además a los tribunales británicos la opción de ignorar fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, actualmente la instancia decisiva en esa área para muchos países, entre ellos Reino Unido. Fue un juez de la CEDH que la semana pasada falló que un hombre iraquí no podía ser deportado a Ruanda, decisión que llevó a cancelar el vuelo.
El secretario de Justicia Dominic Raab aseveró que la ley, que reemplazaría la Ley de Derechos Humanos actual, “evitaría los abusos del sistema y le daría un poco más de sentido común” al marco legislativo humanitario.
Gran Bretaña, añadió, retendría su “compromiso fundamental” con la Convención Europea de Derechos Humanos, pero la decisión podría presagiar una colisión con el Consejo de Europa que supervisa el tribunal de derechos basado en Estrasburgo.
El gobierno presentó la nueva Declaración de Derechos Humanos como una expresión de soberanía británica, tras la separación del país de la Unión Europea. Sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos es ajena a la UE; es un tribunal internacional apoyado por 46 países.
Grupos de derechos humanos denunciaron que la nueva ley privaría a la ciudadanía de una herramienta para hacer que los poderosos rindan cuentas.
Sacha Deshmukh, director de Amnistía Internacional en Reino Unido, dijo que “se le está privando al público de su más poderosa herramienta para denunciar ilegalidades por parte del gobierno u otras entidades públicas”.
Stephanie Boyce, presidenta del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, afirmó que la nueva ley sería “un paso atrás para la justicia británica”.
“Las autoridades podrían considerar aceptables algunas violaciones de derechos humanos ya que no estarían incluidas en la declaración de derechos, pese a ser contrarias a la ley”, aseveró Boyce.
