EEUU aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela

CARACAS (AP) — Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Washington y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no se ha hecho el anuncio formal.

Además, Carlos Erik Malpica Flores —exejecutivo de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela— será eliminado de una lista de personas sancionadas, dijeron los funcionarios.

Horas después del anuncio se diera el martes, la oposición y el gobierno de Venezuela reconocieron que habían iniciado conversaciones sobre la posibilidad de reiniciar las negociaciones.

Las medidas se producen tras los gestos de buena voluntad de Maduro después de reunirse en marzo con representantes del gobierno del presidente Joe Biden y una reunión reciente en Centroamérica entre funcionarios estadounidenses y la destacada coalición opositora Plataforma Unitaria para discutir un camino a seguir.

“Son cosas que la Plataforma Unitaria negoció y nos vino a pedir que las hiciéramos para poder volver a la mesa de negociación”, dijo uno de los funcionarios.

Decenas de venezolanos, incluido el fiscal general del país y el jefe del sistema penitenciario, y más de 140 entidades, entre ellas el Banco Central de Venezuela, seguirán sancionadas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos continuará prohibiendo las transacciones con el gobierno venezolano y PDVSA dentro de los mercados financieros estadounidenses.

El propio Maduro está bajo acusación en Estados Unidos, señalado de conspirar para “inundar Estados Unidos con cocaína” y de utilizar el narcotráfico como “arma contra Estados Unidos”.

El gobierno de Venezuela suspendió las conversaciones con la oposición en octubre luego de la extradición a Estados Unidos de un aliado clave de Maduro por cargos de lavado de dinero. Maduro en ese momento condicionó su regreso a la mesa de negociaciones a la liberación del empresario Alex Saab, quien fue extraditado desde la nación africana de Cabo Verde.

Las negociaciones se llevaron a cabo en Ciudad de México lideradas por diplomáticos noruegos.

Chevron, con sede en California, es la última gran compañía petrolera estadounidense en hacer negocios en Venezuela, donde invirtió por primera vez en la década de 1920. Sus cuatro filiales con PDVSA produjeron alrededor de 200.000 barriles por día en 2019, pero en 2020 el gobierno de Estados Unidos le ordenó reducir la producción y desde entonces sólo se le ha permitido realizar trabajos esenciales en pozos petroleros para preservar sus activos y niveles de empleo en Venezuela.

El cambio permite a “Chevron negociar los términos de posibles actividades futuras en Venezuela”, dijo un alto funcionario estadounidense a la prensa el martes. “No le permite entrar en ningún acuerdo con PDVSA ni... el sector petrolero venezolano. Así que, en el fondo, sólo se les permite hablar”.

Chevron no respondió a los pedidos de declaraciones el martes. Las inversiones de la empresa en los yacimientos petroleros de Venezuela y en maquinaria durante el siglo pasado tuvieron un valor estimado de 2.600 millones de dólares hasta 2020.

Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero la agitación política y el declive económico han orillado a más de 6 millones de personas a emigrar en los últimos años. Unas tres cuartas partes de los que todavía radican aquí sobreviven con menos de 1,90 dólares al día —considerado el estándar internacional de pobreza extrema—, y muchos carecen de acceso a agua potable y electricidad.

Estados Unidos y otros países dejaron de reconocer a Maduro después de acusarlo de manipular su reelección en 2018. En su lugar, reconocieron a Juan Guaidó, quien entonces encabezaba una Asamblea Nacional dominada por la oposición y ahora es líder de la Plataforma Unitaria.

Durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha utilizado sanciones financieras y personales, acusaciones penales y apoyo a grupos clandestinos en una campaña fallida para derrocar a Maduro y restaurar lo que considera la democracia robada de Venezuela.

Pero en marzo, funcionarios estadounidenses viajaron a Caracas para reunirse con Maduro después de que la invasión rusa de Ucrania trastornó el orden mundial y obligó a Washington a repensar sus prioridades de seguridad nacional.

Tras la reunión en la capital venezolana, Maduro liberó a dos presos estadounidenses y prometió reanudar las negociaciones con sus opositores.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuiteó el martes que el país sudamericano espera que las decisiones de Estados Unidos “inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo”.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que el gobierno calibrará las sanciones en función de los resultados concretos de las negociaciones y las volverá a imponer en caso de retroceso en el proceso de diálogo.

“Lo que ustedes ven aquí es un enfoque muy calibrado que busca una hoja de ruta clara en Venezuela, donde el único camino que tiene el régimen para el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos es una negociación que conduzca a resultados concretos”, dijo uno de los funcionarios a la prensa.

Sin embargo, en una señal de los desacuerdos internos de larga data de la oposición, la Plataforma Unitaria emitió un comunicado el martes para negar “categóricamente” que el grupo “solicitó la eliminación de sanciones personales como parte de la negociación”. Luego ese escrito fue seguido por una declaración separada de la delegación del grupo en el proceso de diálogo que no mencionó las sanciones económicas, pero dijo que había iniciado “conversaciones formales” con su contraparte para tratar de reanudar las negociaciones pronto.

Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, jefe de la delegación del gobierno venezolano y la oposición en los pasados diálogos en México, tuitearon la misma fotografía de ellos junto a un mensaje, casi idéntico, alusivo a una reunión de trabajo.

Malpica Flores fue tesorero nacional y vicepresidente de finanzas de PDVSA. Fue sancionado en 2017, cuando Estados Unidos apuntó a personas asociadas con la corrupción gubernamental venezolana.

Cilia Flores, tía de Malpica Flores, es uno de los miembros más influyentes del gobierno de Venezuela y una presencia constante junto a su esposo. Otros dos sobrinos de ella están encarcelados en Estados Unidos por condenas de drogas.

Más de una decena de demócratas enviaron este mes una carta a Biden exhortándolo a considerar levantar las amplias sanciones económicas. Después de la reunión de marzo en Caracas, el representante demócrata Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara baja, también se expresó en favor de suspender las sanciones petroleras para brindar apoyo a las negociaciones sin disminuir la presión sobre funcionarios corruptos y violadores de los derechos humanos.

Otros, sin embargo, no tardaron en criticar al gobierno tras el anuncio del martes, incluyendo al senador Bob Menendez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El demócrata señaló en un comunicado que el plan de darle a Maduro “un puñado de inmerecidas dádivas” para que prometa negociar con la oposición “es una estrategia destinada al fracaso”.

“Retirar a Flores de la lista de personas sancionadas es, obviamente, un regalo para Maduro”, dijo Menendez a los reporteros.