Guatemala: Giammattei reelige a polémica fiscal general
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente Alejandro Giammattei reeligió el lunes a la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, por cuatro años más al frente del Ministerio Público a pesar de las críticas nacionales e internacionales contra su gestión por falta de compromiso en el combate a la corrupción.
El mandatario hizo el anuncio frente a su gabinete y diputados aliados.
“Estoy convencido que el Ministerio Público debe ser una institución independiente”, manifestó, y agregó que el proceso de elección fue transparente, “apegado a la ley y legítimo”.
Tras el anuncio de reelección, el presidente procedió a la juramentación.
Una comisión de postulación envió previamente a Giammattei una lista de seis candidatos. Cinco fueron electos y se incluyó a Porras por orden de la Corte de Constitucionalidad.
“Hoy puedo afirmar con gran satisfacción que hemos afianzado al Ministerio Público como una institución inminentemente sin ningún tipo de sesgo o ideología ni política”, dijo Porras en su discurso junto al presidente.
Según la fiscal, rescataba una fiscalía “que en el pasado estaba siendo instrumentalizada para fines políticos e ideológicos”, y que ella lograba devolverla a los guatemaltecos. Agregó que ha recibido ataques por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada, pero no dio detalles ni pruebas.
“Por la justicia, por mi gente, por mi país lo doy y daré todo siempre”, declaró Porras, de 68 años.
Horas después el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que designaba a Porras por su participación significativa en corrupción, ampliando las sanciones que ya había hecho en septiembre de 2021 contra ella por obstaculizar la lucha anticorrupción en el país y socavar la democracia.
En un comunicado de prensa, el secretario de Estado Antony J. Blinken dijo que “durante su mandato, Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener un favor político indebido”.
El comunicado agrega que el patrón de obstrucción de Porras incluye, según informes, ordenar a los fiscales del Ministerio Público “que ignoren los casos basados en consideraciones políticas”, así como despedir a los fiscales que investigan casos relacionados con actos de corrupción.
“Bajo esta autoridad, los funcionarios designados de gobiernos extranjeros involucrados en corrupción significativa y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”, dice el comunicado, que también incluyó en la designación a Gilberto de Jesús Porres de Paz, fiscal contra la corrupción y esposo de Porras.
En septiembre de 2021 Washington sancionó a Porras y a su secretario general, Ángel Pineda, y los incluyó en una lista de actores corruptos y antidemocráticos que socavan procesos o instituciones prohibiéndoles la entrada a ese país, debido a la destitución de Juan Francisco Sandoval, un fiscal anticorrupción premiado.
Sandoval lideró junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala investigaciones anticorrupción que desarticularon por lo menos 60 estructuras criminales y llevaron a la justicia a jueces, políticos y empresarios acusados de corrupción. Él es uno de los exfiscales exiliados en Estados Unidos.
Porras destituyó a Sandoval en julio de 2021. El exfiscal denunció que su destitución se debía a que recibió información de posibles actos de corrupción y sobornos de Giammattei, quien ha dicho públicamente que es amigo de Porras. La fiscal no ahondó en las denuncias contra Giammattei, pero sí inició un proceso contra Sandoval.
Juan Pappier, de Human Rights Watch, escribió en Twitter que la decisión de Giammattei pone a la democracia guatemalteca en “grave riesgo”, y señaló que “Porras se ha dedicado a frenar investigaciones por corrupción e impulsar causas espurias contra periodistas, fiscales y jueces”.
La Asociación de Periodistas de Guatemala manifestó en un comunicado que condena la reelección de la fiscal general. "Esta decisión provocará mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas”, señaló, debido a procesos judiciales iniciados contra miembros de la prensa.
Horas antes, Porras presentó su informe anual. El martes concluirá su gestión de cuatro años.
En él la fiscal general habló sobre las bondades de su trabajo y lo defendió pese a las denuncias de ataques de la fiscalía contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas que trabajaron en la lucha contra la corrupción.
La fiscal dijo que durante su gestión laboró para que el Ministerio Público llegara a los 340 municipios del país, y aseguró que la institución que preside ha velado por las leyes y por la justicia para todas las personas, sin excepciones.
En su informe resaltó que el delito de violencia contra las mujeres es el más denunciado. La diputada opositora Andrea Villagrán dijo en sus redes sociales que en 2021 el 39% de las denuncias de violencia contra la mujer fueron desestimadas.
“Esta práctica del MP fomenta la impunidad y obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres️ y niñas”, explicó a la AP.
Porras asegura que durante su gestión se marcó un precedente en el combate a la corrupción. Sin embargo, durante ella también se han exiliado más de 20 operadores de justicia, entre los cuales hay por lo menos 15 fiscales que se consideran perseguidos por supuestas fallas en las investigaciones anticorrupción que realizaban.
La fiscal dijo que en el pasado algunas personas instrumentalizaron a la institución “en favor de uno o de otros” que ”simplemente huyen de la justicia evadiendo su responsabilidad penal". Pidió a jueces órdenes de aprehensión contra los fiscales exiliados.
“Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré”, manifestó.
