OEA exige a Nicaragua que restituya al organismo su oficina

NUEVA YORK (AP) — La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes una resolución que condena la entrada “ilegal” del gobierno de Nicaragua a las instalaciones de la OEA, además de la incautación de los bienes de la organización en Managua, y exige que se restituya de forma inmediata el uso de los locales incautados.

Veintinueve países del Consejo Permanente de la OEA votaron a favor de la resolución, que también critica “la violación de la inviolabilidad de los archivos de la Organización” e insiste en que “se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua”.

El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas fueron los únicos países que se abstuvieron de votar. Nicaragua y Bolivia estuvieron ausentes en la reunión.

El 24 de abril el gobierno de Nicaragua anunció la expulsión de la OEA y cerró las oficinas de la organización en Managua. El gobierno del presidente Daniel Ortega ha acusado al organismo de ser un “instrumento diabólico” y de “intervención y dominación” de Estados Unidos.

Por otro lado, en noviembre, el gobierno sandinista anunció que abandonaba el organismo hemisférico pero ese proceso puede durar dos años. La OEA ha dicho que, según las normas de la entidad, Nicaragua seguirá siendo miembro pleno hasta finales de 2023.

Nicaragua llevó a cabo elecciones presidenciales a principios de noviembre en las que Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva. Fueron criticadas internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.

A finales de 2021, la OEA aprobó una resolución afirmando que Nicaragua no cumplía con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana o la serie de medidas establecidas para garantizar el orden democrático en la región. La resolución instaba al gobierno de Ortega a poner en libertad a todos los presos políticos y a aceptar una misión de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA para ayudar a llevar a cabo reformas electorales.

El viernes, el embajador de El Salvador ante la OEA, Agustín Vásquez, dijo que su país se abstuvo en el voto porque en el pasado las normas referidas a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas fueron “veladamente transgredidas e ignoradas a favor de unos y en perjuicio de otros, distorsionando y erosionando la convivencia pacífica que debería existir en la región".

Vásquez no explicó a qué se refería, pero la embajadora de México ante el ente, Luz Elena Baños, criticó el hecho de que la OEA no actuara del mismo modo a finales de 2019, cuando México denunció actos de asedio y hostigamiento a sus sedes diplomáticas en La Paz, Bolivia.

En ese momento Bolivia vivía una crisis política tras elecciones en octubre que generaron protestas y denuncias de fraude. El 10 de noviembre de 2019, presionado por el ejército, el entonces presidente Evo Morales renunció y fue asilado en territorio mexicano.

El 12 de noviembre, la legisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina. Dos días después un grupo de 27 personas, en su mayoría políticos y funcionarios, llegaron a la sede diplomática mexicana en La Paz a pedir asilo. México denunció después el despliegue de casi un centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz.

“Esa situación, cabe recordar, no fue abordada por este Consejo Permanente ni por la Secretaría General como el caso que nos ocupa”, dijo Baños, acusando a la OEA de “instrumentalización política”. México, dijo, votó a favor de la resolución del viernes porque sufrió la violación de sedes diplomáticas y ese hecho debe condenarse siempre.

La resolución, “La toma de las oficinas de la OEA en Nicaragua”, fue presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Colombia, Granada, Estados Unidos y Uruguay.