Catalanes separatistas demandarán por supuesto espionaje

MADRID (AP) — ​​Políticos separatistas y activistas de Cataluña anunciaron el martes una ofensiva legal en media docena de países contra el Estado español y los propietarios israelíes de un polémico spyware que supuestamente fue utilizado para espiarlos.

El jefe de la región catalana también anunció que las relaciones con el gobierno central español seguirán siendo tensas hasta que Madrid lleve a cabo una investigación completa y castigue a los responsables del supuesto espionaje.

Una portavoz del gobierno español dijo que no hubo espionaje ilegal alguno en el país.

El equipo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab, afiliado a la Universidad de Toronto, reveló en la víspera lo que se cree que es hasta el momento el mayor cúmulo de intentos de hackeo documentados con Pegasus, un programa que se infiltra subrepticiamente en los teléfonos para recolectar datos y potencialmente espiar a sus propietarios.

Al menos 65 figuras del ámbito independentista catalán —incluidos funcionarios electos, líderes de la sociedad civil, abogados y sus familiares— fueron blanco del programa Pegasus de NSO Group o de otros programas creados por Candiru, otra empresa tecnológica israelí. El programa espía de Candiru permite a terceros hacerse pasar por el propietario del teléfono para enviar mensajes o correos electrónicos, según Citizen Lab.

Organizaciones mundiales por los derechos humanos han criticado tanto a NSO Group, propietaria de Pegasus, como a Candiru por violar la privacidad de los usuarios y enfrentan demandas de algunas de las principales empresas tecnológicas del mundo.

Las empresas alegan que su software sólo se vende a las agencias gubernamentales con el fin de atrapar a criminales y terroristas.

Sobre el supuesto espionaje a separatistas catalanes, Citizen Lab dijo que su investigación había encontrado evidencias de “un fuerte nexo con una o más entidades dentro del gobierno español”.

“Este es un país democrático y de derecho, aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley del derecho y por tanto, absoluta garantía con que el Estado funciona”, dijo el martes la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa semanal.

Al preguntarle si los servicios de inteligencia del país, conocidos como CNI, habían contratado el software de Pegasus, Rodríguez respondió: “Ustedes saben, porque conocen la ley, que hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional, es decir, de la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras, de la seguridad del país, están protegidos por ley y son materias clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta”.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, en Bruselas, algunos de los políticos y activistas presuntamente atacados se comprometieron a presentar demandas en busca de transparencia en España, pero también en Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Luxemburgo, donde se produjeron algunos de los supuestos hackeos. En Luxemburgo se encuentra la sede de la filial europea de NSO Group.

Uno de los ponentes fue Carles Puigdemont, diputado de la Unión Europea y expresidente de la región catalana que huyó de España en 2017 para evitar ser procesado después de que llevara a cabo un referéndum independentista bajo su mandato.

“El Estado español ha organizado una trama criminal para atacar un movimiento político legítimo, democrático (...) han violado la intimidad, han vulnerado derechos fundamentales, mientras decían que querían dialogar”, dijo Puigdemont, quien también exhortó a los líderes del poder ejecutivo de la Unión Europea a investigar el uso del controvertido programa espía y, en sus palabras, “exigir cuentas a España”.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien supervisa los servicios de inteligencia del país, comparecerá ante los legisladores para responder a las preguntas sobre este asunto, indicó el gobierno.

El actual presidente del gobierno de Cataluña, Pere Aragonès, dijo que las relaciones políticas con las autoridades centrales no pueden seguir con normalidad hasta que la coalición de centro-izquierda que encabeza el presidente del gobierno español Pedro Sánchez investigue a fondo el hackeo con una supervisión externa. El teléfono del mismo Aragonès fue uno de los dispositivos supuestamente infiltrados con Pegasus durante su anterior función como vicepresidente de la región.

Casi todos los incidentes de espionaje identificados por Citizen Lab se produjeron entre 2017 y 2020, cuando los intentos de forjar un Estado independiente en el noreste de España llevaron a la crisis política más profunda que ha vivido el país en décadas.