Liberan a otra mujer salvadoreña condenada por aborto
SAN SALVADOR (AP) — Después de casi diez años en prisión una mujer salvadoreña recuperó el jueves su libertad gracias a una conmutación de pena dispuesta por la Corte Suprema y confirmada por el Ministerio de Justicia.
Desde diciembre el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a siete mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron procesadas por aborto, una situación que han atravesado muchas mujeres pobres de El Salvador, donde la interrupción voluntaria del embarazo está penalizada en todos los casos.
El 30 de diciembre de 2011 Glenda, entonces de 19 años, tuvo una emergencia obstétrica. La mujer -cuyo apellido no fue difundido para proteger su identidad- alegó que no sabía que estaba embarazada y que lo último que recordaba es haber ido al baño y sentir un fuerte dolor. Allí se desmayó. Cuando despertó estaba en un hospital público donde la acusaron de abortar. La joven ya no regresó a su casa, del hospital fue enviada a la cárcel.
En 2013 fue condenada a 10 años de prisión por homicidio simple. Pero la Fiscalía General de la Republica apeló ante un tribunal superior, solicitó la modificación de la pena y pidió 50 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Una cámara resolvió modificar la calificación del delito y Glenda fue condenada a 30 años.
Los abogados de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización no gubernamental que ayuda a las mujeres criminalizadas por emergencias de salud durante su embarazo, informó la liberación de Glenda y explicó en un comunicado de prensa que “la modificación de la pena fue sólo un perjuicio de género. No tenían ninguna prueba de que Glenda haya tenido noción directa en el hecho del que la acusaban”.
Aún tras ser liberadas muchas mujeres prefieren que no se divulgue su identidad porque en su mayoría viven en zonas rurales y muchas veces son estigmatizadas.
“Hoy celebramos porque Glenda regresa con su familia y podrá tener una nueva oportunidad de rehacer su vida. Pero no podemos dejar de señalar la injusticia de un sistema que le robó a Glenda una década de su juventud”, dijo Paula Ávila-Guillén, directora Ejecutiva de Women´s Equality Center.
En las ultimas dos décadas cerca de 181 mujeres que han experimentado emergencias obstétricas han sido perseguidas penalmente en El Salvador. Desde 2009, gracias a la presión del colectivo feminista, 63 han sido liberadas.
Activistas han señalado que en su gran mayoría las mujeres procesadas son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han tenido resultado.
En noviembre de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado salvadoreño por violar los derechos de una mujer identificada como Manuela que fue detenida en 2008 luego de ser acusada de provocarse un aborto. La mujer murió en 2010 mientras cumplía una condena de 30 años dejando huérfanos a sus dos hijos. El colectivo afirma que a Manuela se le negó atención médica para el cáncer mientras estaba en la cárcel.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas a 30 años de prisión.
