A Parlamente Europeo preocupa situación de DDHH en Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Parlamento Europeo colocó el jueves a Guatemala junto a Rusia y Corea del Norte como países que violan los derechos humanos y emitió tres resoluciones. En la concerniente al país centroamericano mostró su preocupación por el deterioro del Estado de derecho.
En un boletín de prensa ese organismo dijo que le preocupa también las acciones legales interpuestas por la “Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios”. El Parlamento condenó "la criminalización, detención y hostigamiento de los operadores judiciales que procesan casos de corrupción, así como de los que atacan a defensores de los derechos humanos y periodistas".
A través de una resolución se instó a las autoridades guatemaltecas a poner fin a estas acciones y defender el Estado de derecho y el pleno respeto a la independencia de los poderes, así como a que realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las campañas de amenazas, hostigamiento y estigmatización contra funcionarios judiciales y actores de la sociedad civil.
El canciller guatemalteco Mario Búcaro dijo a The Associated Press que en Guatemala hay democracia y libertad de expresión, a diferencia de lo que ocurre en países antidemocráticos. “La resolución se tiene que leer en todo su contexto”, dijo, y explicó que algunos representantes en el Parlamento reconocieron los esfuerzos del país en aplicar políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción.
“Nosotros somos un país soberano y este texto aprobado fue por seis grupos políticos específicos que muchas veces están matizados sobre la base de ideologías políticas", dijo Búcaro y agregó que el sistema guatemalteco puede mejorar aunque ya es eficaz.
La comunidad internacional ha hecho públicas sus preocupaciones por la salida de al menos 20 operadores de justicia entre exfiscales, jueces y magistrados de la Corte de Constitucionalidad durante la administración del actual presidente Alejandro Giammattei. Todos huyeron del país denunciando criminalización por sus investigaciones anticorrupción o los fallos judiciales emitidos.
Los operadores de justicia han denunciado que la criminalización contra ellos está dirigida por la Fiscal General C.onsuelo Porras, amiga del presidente Giammattei, quién ha evitado investigarlos por acusaciones de corrupción y a quién el gobierno estadounidense le retiró la visa de entrada a su país en septiembre de 2021 por considerarla parte de los actores antidemocráticos en el país y obstaculizar las investigaciones anticorrupción.
