México: matan a periodista a semanas de asesinar a su colega

ZITÁCUARO, México (AP) — Seis semanas atrás el periodista Armando Linares intentaba contener las lágrimas mientras informaba en un video el asesinato de su compañero Roberto Toledo. “No sé qué vaya a pasar”, decía, pero “vamos a seguir señalando corrupciones... aunque la vida nos vaya en ello”. El miércoles su esposa, hijos, hermanos y amigos se preparaban en una pequeña funeraria, en medio de gran consternación, para enterrarlo tras convertirse en el octavo periodista asesinado en México este año.

Luego de algunas semanas de retirarse de la actividad periodística tras el homicidio de Toledo, camarógrafo del portal de noticias Monitor Michoacán, y el cierre de la oficina del medio, donde ambos trabajaban y ocurrió el asesinato, Linares decidió retomar la reportería.

“Nunca se dobló ante nadie”, afirmó Rosa Elena Pedraza, esposa de Linares, al hablar de la determinación que llevó al director del Monitor Michoacán a retomar sus labores tras la muerte de su colaborador y las constantes amenazas que continuó recibiendo. “Murió haciendo lo que le gustaba, era un valiente”, agregó.

Linares continuó publicando en Monitor Michoacán. Escribió historias sobre las mariposas monarca que pasan el invierno en las montañas alrededor de su pueblo, Zitácuaro, y noticias policiales y de comunidad que ocasionalmente incluían críticas a funcionarios locales.

Sin embargo, la amenaza persistía en esa localidad del occidente de México de unos 200.000 habitantes.

“Hay nombres, sabemos de dónde viene todo eso”, había dicho Linares mirando a cámara el 31 de enero cuando informó públicamente y con la voz quebrada sobre las amenazas de muerte que había recibido y el asesinato de Toledo.

Poco después, en una conversación con The Associated Press, indicó que las amenazas continuaban y que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia. Pedraza indicó que la seguridad la tuvo por un mes, pero luego se la retiraron alegando que “si todo está tranquilo, quitan la protección”.

Pasadas las dos de la tarde, un hombre se acercó a un grupo de periodistas que estaba en la entrada de la funeraria y tras mostrarles un arma que tenía escondida en la ropa les dijo que les daba dos minutos para que se fueran de allí.

La víspera Linares fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en su modesta casa del noreste de Zitácuaro. Su cuerpo fue encontrado en medio de un charco de sangre que se extendió hasta la entrada de su vivienda. Las autoridades recuperaron casquillos de bala de 9 milímetros y no proporcionaron por el momento un móvil del ataque.

Al hablar sobre la situación de violencia que azota a la localidad, Magdalena Alonso, directora del Noticiero al Aire Zitácuaro y amiga de Linares, afirmó que “por muchos motivos es muy fácil que te agredan...porque no hay mucha seguridad ni la responsabilidad de las autoridades de proveerla”.

En su conferencia matutina del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Linares “no aceptó la protección” oficial como sí hicieron dos compañeros del portal del noticias. La afirmación del mandatario generó dudas sobre si la víctima pudo haber salido del programa en algún momento.

Mientras en su pueblo se preparaban para despedirlo, pequeños grupos de periodistas mexicanos protestaban en distintos puntos del país,

“El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias”, dijo el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa del presidente. “Hay indignación... hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos”.

López Obrador repitió que en su gobierno no hay impunidad y aseguró que “no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos”. Sin embargo, volvió a hablar de las “mentiras” de los medios y de periodistas “mercenarios”.

Las organizaciones de defensa de la prensa como Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) o Artículo 19 hablan ya de una “espiral de violencia" inédita y fuera de control que no va a parar hasta que el gobierno no asuma que México, el país que ya antes era considerado el más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, está en una situación sin precedentes.

“Hay un asesinato cada 9 días, cosa que nunca hemos visto en México, así que no son satisfactorias las explicaciones del presidente”, dijo a la AP Jan-Albert Hootsen representante del CPJ en el país. “El Estado está fallando en su obligación de garantizar seguridad”.

En el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían “Gobierno pacifista no mata periodistas” y “Prensa, no disparen”. El colectivo “Ni Uno Más Michoacán” denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda la profesionalidad de Linares y desestimaron las amenazas contra el portal.

Proclamas similares se repitieron en otro acto sobre la libertad de expresión celebrado en la embajada de Noruega, en Ciudad de México, en el que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconocía que “si no hay prevención, no hay investigación y no hay castigo, la impunidad va a seguir prevaleciendo en estos hechos”.

Encinas propuso cambios legales pero periodistas y organizaciones de prensa urgen a acciones rápidas y contundentes.

“Es inaceptable que asesinen a quien había alertado de colusión de grupos criminales con autoridades locales”, como hizo Linares, denunció Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. “El matar periodistas con esa facilidad nos habla de que los perpetradores saben que no habrá consecuencias por sus actos”.

La única buena noticia del día para la libertad de expresión llegó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amparó al periodista Sergio Aguayo y anuló su condena a pagar medio millón de dólares a un exgobernador que le acusó de daño moral por una de sus columnas. El alto tribunal determinó que el artículo que denunciaba la corrupción del gobernador se basaba en hechos “verificados” fruto de un “acucioso ejercicio de investigación”, según el comunicado de la corte.

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La periodista de AP María Verza colaboró en esta nota desde Ciudad de México.