Diputados argentinos tratan ley que habilita acuerdo con FMI
BUENOS AIRES (AP) — Los diputados argentinos trataban el jueves el proyecto de ley para refinanciar una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 45.000 millones de dólares que, pese a las reticencias que genera en sectores sociales y políticos, sería aprobada para evitar mayores problemas en la economía.
Mientras los diputados debatían, grupos izquierdistas y organizaciones sociales que cuestionan las políticas de ajuste del organismo de crédito se manifestaron en las inmediaciones del Congreso. Algunos manifestantes rompieron a piedrazos los vidrios de las ventanas del primer piso del edificio legislativo y quemaron neumáticos y contenedores de basura cerca del recinto, tras lo cual se enfrentaron con la policía, que logró dispersarlos.
Pese a las reticencias que genera entre sectores de la sociedad y la clase política la iniciativa para habilitar la refinanciación de una deuda tomada por Argentina en 2018, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri (2007-2015), el proyecto de ley sería aprobado en la cámara baja para evitar un nuevo cese de pagos por parte de Argentina y lograr una mayor estabilidad económica. En los próximos días, será debatido en el Senado.
“Es el mejor acuerdo que se podía conseguir...tenemos la convicción de que un default sería muchísimo más grave”, dijo el oficialista Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara de diputados, pocos minutos después de que se abriera el debate.
Con la aprobación de este proyecto, el gobierno del peronista Alberto Fernández intenta mostrar ante el Fondo una actitud de compromiso de la clase política argentina para resolver el problema de la deuda durante esta administración y las que asuman el poder en los próximos años.
Una vez que el Parlamento argentino apruebe la ley que habilita el pacto alcanzado con el Fondo, este último debe ser respaldado por el directorio del organismo de crédito.
El gobierno se aseguró los votos de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, para aprobar el texto legislativo en la cámara baja a cambio de realizar modificaciones en su contenido. Así, tras frenéticas negociaciones con esa alianza opositora que tiene a Macri entre sus referentes, el oficialismo accedió a cambiar la redacción del proyecto de ley original evitando toda referencia al programa económico que negoció el Ministerio de Economía con el FMI para sellar el acuerdo.
La iniciativa quedó finalmente redactada con sólo tres artículos, uno de los cuales insta simplemente a aprobar “las operaciones de crédito público” contenidas en el programa alcanzado con el FMI para reemplazar al acuerdo de 2018.
No incluye las metas en materia de reducción del déficit y otros puntos acordados entre el FMI y el ministro de Economía, Martín Guzmán, debido la presión ejercida por los opositores, reacios a que el oficialismo los obligue a apoyar políticas económicas con las que dicen no estar de acuerdo.
Paula Oliveto, de la coalición Juntos por el Cambio, señaló que pese a que hoy se esté “evitando un colapso, la crisis continúa” ya que “no existe un plan económico y estamos viviendo una espiral de deterioro constante”.
Aunque cuenta con los votos suficientes de la principal fuerza opositora para sacar adelante el proyecto, el gobierno se topa aún con la resistencia de las fuerzas de izquierda y de un sector del oficialismo que tiene como referente a la centroizquierdista vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), titular del Senado.
Estos grupos consideran que cualquier acuerdo con el FMI conlleva políticas de ajuste que agudizarán la pobreza que afecta a más del 40% de la población.
Los legisladores oficialistas de La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, no tienen previsto realizar exposiciones durante el debate como muestra de su desaprobación. En desacuerdo con cualquier tratativa con el Fondo, Kirchner renunció en febrero a la presidencia del bloque oficialista.
La diputada del Frente de Izquierda-Unidad, Myriam Bregman, señaló a su vez que el gobierno “está creando el virreinato del Fondo Monetario, dándole el cogobierno” de Argentina. “Los que votan este acuerdo saben que lo que viene atrás es un tarifazo", agregó.
El presidente Fernández sostiene que el pacto de refinanciación de la deuda no supone ajustes como una reforma del sistema jubilatorio ni del mercado laboral. Sin embargo, sí obligará a una actualización de las tarifas de servicios públicos, como el gas y la luz.
El acuerdo supone reemplazar el plan de 2018 por el cual Argentina enfrentaba vencimientos de pagos concentrados en 2022 y 2023 -y que eran imposibles de cancelar- por un Programa de Facilidades Extendidas durante dos años y medio que incluye revisiones trimestrales por parte del organismo.
El país sudamericano recibirá desembolsos para hacer frente a los vencimientos que sólo este año ascienden a 19.000 millones de dólares. Se estipuló además un periodo de gracia de cuatro años y medio, lo que implica comenzar a pagar deuda a partir de 2026 y hasta 2034.