Grabación parece incriminar a fiscal general de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una serie sorprendente de grabaciones difundidas recientemente al parecer muestra al fiscal general de México maldiciendo sobre un juez de la Suprema Corte de Justicia que no está de acuerdo con su demanda de mantener a familiares políticos en prisión.

Una voz identificada como la del fiscal general Alejandro Gertz Manero es escuchada en una grabación, publicada por diarios el viernes, insultando a su sobrina y preguntándole a un asistente cómo pueden usar las apelaciones para evitar que ella sea liberada.

Las grabaciones parecen indicar que Gertz Manero obtuvo una copia adelantada de una opinión propuesta, pero aún no aprobada, de la Suprema Corte en la que presuntamente se recomienda dejar en libertad a su sobrina y también que el fiscal general entabló una venganza personal para castigar a la viuda de su hermano y a la familia de ésta, a los que culpó de haber dejado que su hermano muriese.

Indican además que el máximo fiscal del país no sabe mucho de la ley. La persona en la grabación le pregunta a un asistente cómo funciona el proceso de apelaciones.

La oficina de Gertz Manero no comentó sobre la autenticidad de las grabaciones, pero indicó a la prensa local que investigaba la filtración de las mismas, lo que sugiere que son reales.

El fiscal general culpa a sus familiares políticos por la muerte de su hermano, Federico Gertz Marrero, en 2015, presuntamente de causas naturales, a los 82 años. Gertz Manero asevera que la familia —la pareja en unión libre de su hermano, de 95 años, y los hijos de ésta— no le dieron cuidados médicos adecuados.

Debido a su avanzada edad, la esposa no está en prisión, pero su hija, Alejandra Cuevas, de 69 años, ha estado en prisión por más de un año, esperando juicio por cargos de “homicidio por omisión”.

A una pregunta sobre las grabaciones por The Associated Press, el hijo de Cuevas, Alonso Castillo, dijo que muestran las violaciones sistemáticas por la oficina de Gertz Manero.

“Te digo que hay un sinnúmero de delitos”, dijo Castillo. “Uno de los más graves es que el proyecto se lo haya mandado la Corte al Fiscal General de la República. Ese es un delito porque son confidenciales y únicamente los ministros tienen acceso.

“Entonces, tráfico de influencias, abuso de poder. Es decir, las implicaciones de estos audios son tremendas", subrayó.

La mayoría de los fiscales generales en el mundo se habrían visto obligados a recusarse de una causa en la que tienen intereses personales tan obvios. Gertz Manero aseguró que su oficina condujo el caso como cualquier otro, a distancia, algo que las grabaciones claramente contradicen.

La familia política del fiscal ha pasado años apelando el caso, que eventualmente llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde será debatido públicamente el 14 de marzo. La ley mexicana requiere que la defensa y la fiscalía reciban mismo acceso a esos documentos, algo que al parecer no sucedió, si las grabaciones son auténticas.

Aún peor, las grabaciones indicarían que Gertz Manero o su personal había discutido el fallo personalmente con miembros de la Suprema Corte.

Gertz Manero ha sido acusado previamente de abusar de su cargo.

Ha estado tratando de encerrar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad porque, dice, recibieron inapropiadamente alrededor de 2,5 millones de dólares en fondos gubernamentales para la ciencia hace años. Las leyes de entonces permitían ese financiamiento y los investigadores sostienen que los fondos en cuestión no fueron malversados.

La junta académica involucrada previamente había recomendado no aprobar la petición de Gertz Manero de un reconocimiento formal como académico importante.

A un punto, Gertz Manero amenazó con presentar cargos contra fiscales estadounidenses por su investigación del exsecretario de Defensa mexicano en un caso de narcotráfico. La oficina de Gertz Manero exoneró rápidamente al exfuncionario tras una pesquisa sumaria.

Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respaldado a Gertz Manero, a quien no puede despedir directamente. Eso requeriría un proceso del Congreso. Pero los críticos afirman que las acciones del fiscal general contradicen la promesa clave del presidente de combatir la corrupción gubernamental.