EEUU pide a Bolivia trato justo a acusados del caos de 2019
NUEVA YORK (AP) — Estados Unidos pidió el miércoles al gobierno del presidente Luis Arce que lleve a cabo procesos judiciales “justos e imparciales” para los acusados de la violencia ocurrida a fines de 2019 en Bolivia, cuando ese país se sumió en el caos tras unas fallidas elecciones que precipitaron la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
Thomas Lerstern, representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo durante una reunión del organismo que su país se solidariza con las víctimas de la violencia en Bolivia pero que debe haber garantía de juicios justos.
“Los derechos humanos de todas las partes deberían ser respetados para mostrar al mundo que justicia creíble y transparente ha sido servida,” dijo Lerstern. “Estados Unidos urge al gobierno boliviano a que implemente procesos judiciales imparciales, creíbles, que ofrezcan trato igualitario tanto a sus aliados políticos como a sus oponentes”.
La expresidenta Jeanine Áñez y otros 40 exfuncionarios, militares y policías están siendo procesados por los hechos violentos ocurridos durante la crisis política que dejó 37 muertos. Las elecciones de 2019 fueron denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que desencadenó un estallido social que obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder.
Áñez, una senadora opositora, estaba habilitada para la sucesión que se activó tras la renuncia de Morales y su precipitada salida a México. La exmandataria convocó a elecciones en octubre de 2020 y Arce se impuso con el 55% de los votos.
El pedido del miércoles de Estados Unidos se dio durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA para escuchar las conclusiones de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre lo ocurrido durante el estallido.
El informe, que ya fue presentado en agosto de 2021 en Bolivia, responsabiliza a los gobiernos de Morales y Áñez por la violencia que derivó en “masacres”, “torturas,” “ejecuciones sumarias” y “graves violaciones de los derechos humanos”.
Áñez está en prisión desde marzo de 2021 acusada de sedición, terrorismo y conspiración pero no queda ningún proceso judicial en pie contra Morales y sus ex colaboradores.
Bolivia ha acusado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de intervencionismo y de insultar al pueblo boliviano con su insistencia de que hubo fraude en las elecciones de 2019.
En la reunión del miércoles varios países latinoamericanos agradecieron al panel de expertos del GIEI su “exhaustivo” informe. El GIEI fue conformado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El representante permanente de Argentina ante la OEA, Carlos Alberto Raimundi, acusó a la OEA de haber creado condiciones y clima social y político para lo que calificó de “golpe de Estado” en 2019 en Bolivia.
“Y ese no es caso cerrado. Mucho ayudaría a recuperar la legitimidad de esta organización que se reconozca esa responsabilidad histórica que tuvo la conducción de esta organización cuando avaló determinadas posiciones de la observación electoral para crear las condiciones para ese golpe de Estado”, dijo Raimundi.
Morales regresó a Bolivia en noviembre de 2020 después de estar exiliado en Argentina desde diciembre de 2019.
La representante de México ante la OEA, Luz Elena Baños, dijo que la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia en 2019 fue “instrumentalización política.”
“El asunto está abierto hasta que sea aclarado el papel de la OEA en una actuación que sienta precedentes inaceptables para nuestros países y se constituye en un grave precedente de intervencionismo,” dijo Baños.