Nicaragua: Dan “casa por cárcel” a tres opositores enfermos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades judiciales de Nicaragua otorgaron “detención domiciliaria” a tres políticos opositores presos y con problemas de salud, recluidos en la cárcel policial conocida como “El Chipote” desde mediados de 2021, se informó oficialmente en Managua.

En un comunicado emitido la noche del viernes, el Ministerio Público indicó que solicitó a las autoridades judiciales “el cambio de medida cautelar “de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial” para el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, el exvicecanciller José Pallais (68) y el exembajador Arturo Cruz Sequeira (68).

La entidad señaló que la decisión se tomó “al tener conocimiento del estado de salud” de los tres detenidos y “por razones humanitarias”, y que la autoridad judicial ya autorizó su traslado.

Aguirre Sacasa, Pallais y Cruz han sido acusados por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, un delito imputado a la mayoría de los opositores sometidos a juicios y condenados desde el pasado 1 de febrero.

La medida se produce una semana después de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, uno de los 46 opositores encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega entre mayo y noviembre, y parte de los más de 170 “presos políticos” que guardan prisión desde 2018, de acuerdo con la oposición.

Arturo Cruz, catedrático y exembajador sandinista en Washington (2007-2009), fue uno de los siete aspirantes a la presidencia que fueron encarcelados en 2021 tras anunciar sus intenciones de participar en los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo.

El fallecimiento de Hugo Torres, que murió a los 73 años tras permanecer encarcelado durante ocho meses, produjo críticas de gobiernos y organismos internacionales, incluyendo la de 27 países miembros de la OEA, que el viernes demandaron la liberación de todos los opositores presos.

El Grupo de Secuestrados Políticos Unidos (GSPU) reveló esta semana que en las cárceles de Nicaragua “hay más de 100 presas y presos políticos con síntomas de COVID-19” y “al menos 22 (prisioneros) son personas de la tercera edad”.

Según datos de organizaciones de “presos políticos”, en “El Chipote” también guardan prisión otros adultos mayores, como el exembajador ante la OEA Edgard Parrales (80), el periodista Pedro Joaquín Chamorro (70), los exguerrilleros Víctor Hugo Tinoco (69) y Dora María Téllez (65), el exdiplomático Mauricio Díaz (71) y las opositoras Violeta Granera y Nidia Barbosa, de 68 y 66 años, respectivamente.

En el caso Granera, sus familiares han denunciado que tiene problemas cardíacos y que ha perdido mucho peso y varias piezas dentales desde su encarcelamiento el 8 de junio, mientras que Parrales, preso desde el 22 de noviembre, padece enfermedades crónicas y no tiene colon, por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar que se encuentra en una situación de “gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable”.

El gobierno de Ortega ha justificado el encarcelamiento de los opositores acusándolos de promover un “fallido golpe de Estado”, en alusión a las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron sofocadas con violencia por la policía, con un saldo de 355 muertos, 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al reaccionar a la decisión del gobierno de excarcelar a los tres opositores, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió al gobierno de Nicaragua la liberación de todos los reos de conciencia enfermos o de edad avanzada.

"Ante el otorgamiento el día de ayer (18 de febrero) de prisión domiciliaria a tres personas procesadas, cabe recordar al Estado que hay varias más, vulnerables por edad y/o enfermedad, que deberían dejar de inmediato las inhumanas condiciones de detención a las que están sometidas", señaló la OACNUDH en un mensaje de Twitter.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) puso en duda que el cambio de medida cautelar signifique realmente el fin del encierro que los opositores han vivido en prisión, y exigió que se les permita “acceso sin límites a sus familiares”.

"¿Qué significa esto? ¿Será la prolongación de la cárcel a la casa? ¿Seguirá la tortura?”, se preguntó el CENIDH en un tuit. ”¿Les pondrán patrullas en las afueras de las casas y cortarán las vías de comunicación? Eso sería inaceptable, estas personas se encuentran graves de salud y el régimen Ortega Murillo lo sabe”.