Preocupa deterioro del Estado de derecho en Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Varias organizaciones nacionales e internacionales mostraron su preocupación el viernes por el deterioro acelerado del Estado de derecho en Guatemala, que se ha reflejado en la detención de abogados opositores, acoso a operadores de justicia y criminalización contra defensores de derechos humanos y periodistas por parte de la fiscalía guatemalteca.
El viernes en un comunicado de prensa la Unión Europea lamentó que “la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad judicial”.
La organización se refiere a la detención —ocurrida la víspera— de Leidy Indira Santizo Rodas, una abogada que trabajó en la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este organismo de Naciones Unidas operó en Guatemala por 12 años y participó en procesos judiciales en colaboración con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para desarticular varias estructuras criminales.
La fiscalía acusa a Santizo Rodas de obstruir la justicia por realizar peticiones a un juzgado. La abogada es defensora de Eva Siomara Sosa Pérez, una fiscal del Ministerio Público a quien la misma fiscalía también busca acusar por hacer la misma petición, de la cual no se tiene mayor detalle pues el caso está bajo reserva judicial.
Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que el secretario ha tenido conocimiento “con preocupación de la detención de al menos dos personas que cooperaron estrechamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG”.
“El Secretario General recuerda que los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso, y que es deber de todas las instituciones nacionales respetar y observar la independencia del poder judicial”, dijo Dujarric en su declaración enviada a medios.
“También notamos que estas acciones fueron precedidas por una larga campaña en redes sociales que incluye intimidación y amenazas, especialmente en contra de personas que conformaron el equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de la Comisión International contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, dijo la organización.
La CICIG dejó de funcionar en 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato luego de que la comisión investigara y llevará a juicio a su hermano e hijo por fraude. Ambos fueron absueltos el mismo mes que la comisión concluyó su mandato.
Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en Twitter que las acciones del jueves de la Fiscal General, Consuelo Porras, contra las abogadas “continúan un patrón de intimidación y venganza contra las personas responsables de luchar contra la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el estado de derecho”
En 2021 Porras fue sancionada por Estados Unidos con el retiro de la visa de entrada a ese país, acusándola de socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA y Abogados sin fronteras también rechazaron la criminalización de las abogadas y dijeron que condenan el papel que esta jugando el Ministerio Público.
“Hemos alertado en múltiples ocasiones sobre los ataques reiterados, la persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, y funcionarios y funcionarias de justicia en Guatemala que han luchado en contra de la corrupción endémica que sufre el país”, dijeron en un comunicado de prensa la organizaciones.
Las agrupaciones agregaron que los ataques forman parte de un patrón sistemático y una estrategia de grupos de interés ilegítimos “que buscan consolidar un sistema de corrupción y garantizar la impunidad en las diferentes estructuras del Estado”.
El juzgado que conoce la causa contra las abogadas tiene previsto la próxima semana, cinco días después de la detención, explicarles las acusaciones en su contra.
