El Salvador aprueba el uso de agentes encubiertos digitales

SAN SALVADOR (AP) — Con los votos de la bancada de diputados oficialistas, el Congreso salvadoreño aprobó el martes reformas al Código Procesal Penal para autorizar operaciones encubiertas digitales, una decisión cuestionada por periodistas y políticos que consideran que abre las puertas a “legalizar el espionaje digital” por parte del gobierno.

Los diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados justificaron la aprobación de estas operaciones debido a gran cantidad de denuncias de una diversidad de delitos que se cometen y que se pueden cometer a través del abuso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las reformas también crean el término “evidencia digital”, que será admisible como prueba y valorada por los jueces conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

“Estamos agregando el término de evidencia digital para que las imágenes, datos, videos y audios se puedan utilizar en los procesos judiciales. Se tomarán medidas cautelares, ya que a veces se utilizan páginas para cometer ilícitos”, dijo el diputado de Nuevas Ideas, Francisco Villatoro, uno de los promotores de las reformas.

El diputado Walter Coto explicó que la evidencia digital no estaba regulada en el Código Procesal Penal y era difícil para los jueces definir de que se trataba.

Lo que estas reformas implican es que durante la investigación de los delitos contenidos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y conexos, u otros contenidos en leyes penales especiales, podrá ordenarse la relación de operaciones encubiertas que resulten necesarias, las cuales estarán a cargo de la policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república. Estas reformas han sido cuestionadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), medios de comunicación y partidos políticos de oposición, por considerar que abren las puertas a “legalizar el espionaje digital” por parte del gobierno.

Recientemente la APES interpuso dos denuncias ante el Ministerio Público por el espionaje que sufrieron varios periodistas y por la vulneración de las conversaciones en grupos de WhatsApp donde se compartía contenido noticioso. APES dijo que Apple alertó a periodistas de El Faro, Gato Encerrado, Diario El Mundo, Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y periodistas impedientes, sobre un “posible espionaje” por parte del Estado salvadoreño.

Diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y la secretaria de Comunicaciones de Casa Presidencial, Sofía Medina, también dijeron haber recibido la noticia de Apple.

Un informe de organizaciones internacionales confirmó que los teléfonos celulares de 37 salvadoreños, entre periodistas y miembros de organizaciones civiles, fueron hackeados e infectados con el software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, con el objetivo de ser espiados.

El informe destaca que Pegasus es vendido únicamente a gobiernos, por lo que la APES considera que la decisión de espiar a estos salvadoreños ha sido del actual Ejecutivo.

El diputado Eduardo Amaya, de Nuevas Ideas y que rechazó los señalamientos, recordó que la figura de agente encubierto se ha utilizado siempre con el objetivo de incautar evidencia y ponerlas a disposición de las autoridades y rechazo las críticas. “Aquí no hay persecución ni espionaje, solo combate al delito”, afirmó.

Sin embargo, periodistas y políticos opositores advierten el peligro de la situación. “Se está legalizando el espionaje con esta figura de agente digital”, afirmó en conferencia de prensa el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); César Fagoaga. “No podemos acompañar este tipo de reformas en un momento donde los ojos del mundo están viendo al país que esta violentado la libertad de prensa a través de la práctica del espionaje”, sostuvo la diputada del partido conservador VAMOS, Claudia Ortiz.

Por su parte, Rosa Romero, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) destacó la importancia para el país de contar con una ley sobre delitos informáticos, pero dijo que “eso no debe ser excusa para que el gobierno vulnere los derechos de la gente”.