UE: Defensora del pueblo fustiga al ejecutivo por vacunas
La defensora del pueblo de la Unión Europea declaró el viernes que la comisión ejecutiva del bloque es culpable de “mala administración” al no dar acceso a mensajes de texto entre su presidenta y el CEO de la farmacéutica Pfizer relativos a la compra de vacunas.
La defensora Emily O’Reilly recomendó que la Comisión Europea “realice una búsqueda más amplia de los mensajes pertinentes”.
Una nota en el diario New York Times en abril del año pasado reveló que la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, y el director general de Pfizer, Albert Bourla, intercambiaron mensajes de texto y llamadas telefónicas sobre la compra de vacunas para los países europeos.
Un periodista pidió a la Comisión que le diera acceso a los mensajes y otros documentos, pero el ejecutivo no proporcionó los textos.
Según la investigación de la defensora, la Comisión no pidió claramente al gabinete de von der Leyen que buscara los mensajes de texto.
“Esto no satisface las expectativas razonables de trasparencia ni los criterios administrativos de la Comisión”, dijo O'Reilly. “Tratándose del derecho de acceso público a los documentos de la UE, lo que importa es el contenido del documento, no el artefacto ni la forma. Si unos mensajes de texto se refieren a las medidas y decisiones de la UE, se los debe tratar como documentos de la UE. La administración de la UE debe actualizar sus prácticas de conservación de documentos para reflejar esta realidad”.
La comisión dijo que responderá a la defensora oportunamente antes del plazo del 26 de abril.
La crisis del coronavirus ha puesto de relieve la falta de trasparencia que rodea las negociaciones entre la UE y los grandes grupos farmacéuticos para la adquisición de vacunas.
Los países miembros dieron mandato a la comisión para que organice la compra conjunta de vacunas y encabece las negociaciones con las farmacéuticas.
Al presente, la UE se ha negado a revelar cuánto pagó por los miles de millones de dosis adquiridas con el argumento de que los contratos están protegidos por razones de confidencialidad.
