Encuentran explosivos en una casa de ex FARC en Bogotá
BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas hallaron el viernes una botella con explosivos antes de que fuera detonada en una casa del partido Comunes, compuesto por ex combatientes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Ingresaron unidades antiexplosivos, quienes ubican una botella con aproximadamente kilo y medio de ANFO (contiene nitrato amónico y combustible) y unos elementos que podrían dar cuenta que podrían activarse a distancia este explosivo”, dijo a la prensa el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mayor general Eliécer Camacho.
La carga explosiva estaba conectada a un dispositivo electrónico de un celular, el cual estaba apagado en el momento en el que llegó la Policía. “Vamos a verificar la procedencia y cuáles son las intenciones de este grupo delincuencial que pudo haber realizado la afectación”, dijo el general Camacho, quien no anticipó ninguna hipótesis sobre los móviles o los autores.
En la casa ubicada en la localidad de Teusaquillo, al centro de Bogotá, funciona un restaurante y bar cuyo dueño es un reincorporado de las FARC. Sin embargo, allí el partido sostuvo en la noche del jueves una reunión política y tenían planeado un encuentro con activistas y simpatizantes para el sábado, según dijo a The Associated Press el senador del partido Comunes, Julián Gallo, conocido por sus años en la guerrilla como Carlos Antonio Lozada.
Gallo teme por la seguridad de los excombatientes, especialmente en medio de la campaña electoral en la que más de 40 de ellos aspiran al Congreso en las elecciones de marzo. “No vemos garantías”, advirtió.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, rechazó en un pronunciamiento oficial los señalamientos de los excombatientes y aseguró que como Estado “estaremos dando las garantías de protección y combatiendo a estos grupos terroristas narcotraficantes que pretenden celebrar el miedo”. Palacios aseguró que el gobierno de Iván Duque ha incrementado el esquema de protección para los excombatientes de 600 a 1.800 personas.
El Estado y las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz para terminar con cinco décadas de confrontaciones. Casi 13.000 excombatientes continúan en la legalidad y una minoría ha retomado las armas. Sin embargo, la violencia contra los excombatientes es la principal amenaza para su retorno a la vida civil: 303 han sido asesinados en los cinco años de implementación, advirtió el 13 de enero el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el informe sobre la Misión de Verificación de la ONU.
