Indígenas guatemaltecas esperaron 30 años por justicia

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Cinco expatrulleros civiles enfrentan a un tribunal guatemalteco que les juzga por delitos contra los deberes de humanidad por la violación sexual de cinco mujeres y abusos cometidos contra otras 29 que indirectamente los responsabilizan de delitos cometidos contra ellas durante la guerra.

Pedrina Lopez dice que aún le duele el cuerpo cuando recuerda lo que expatrulleros le hicieron: relata que tenía 12 años cuando los aliados de los militares llegaron a su comunidad y durante seis horas varios abusaron de ella. Junto a las otras mujeres, espera lograr que condenen a sus presuntos victimarios.

Los patrulleros civiles fueron grupos de particulares que fueron organizados por militares durante el conflicto armado en Guatemala para ejercer controles a la población como estrategia contrainsurgente.

“Quiero que se escuche mi verdad, que se haga justicia”, dijo López el martes a The Associated Press al terminar la audiencia donde las abogadas de las víctimas y el Ministerio Público presentaron sus conclusiones y pidieron al tribunal condenas de 30 años para los acusados.

Las mujeres indígenas mayas Achí, originarias de aldeas del municipio de Rabil, Baja Verapaz, acusan a Gabriel, Francisco y Damien Cuxum Alvarado y a Bernardo y Benvenuto Ruíz Aquino, de haberlas violentado cuando eran patrulleros civiles.

A decenas de kilómetros, en una pantalla a través de videoconferencia, los hombres detenidos en una prisión observan y escuchan los relatos y acusaciones contra ellos.

Lucia Xiloj, abogada de las 29 mujeres querellantes en el caso, dijo que peritajes de expertos han determinado que “la violencia sexual es un arma de guerra y de lesa humanidad”, y que la intención de esos actos, además de los daños físicos, era destruir la comunidad y que por mucho tiempo estos hechos habían quedado en la impunidad.

Según la acusación de la fiscalía, las cinco mujeres reconocieron de forma directa a los cinco acusados como parte del grupo de quienes la violaron. Las otras 29 mujeres reconocieron que ellos como parte de los grupos paramilitares también cometieron otros abusos como asesinato de sus familiares.

López dice que no ha sido fácil acudir a la justicia porque los victimarios viven en sus mismas comunidades. “Nos miramos casi a diario con las familias, ellos no creen lo que sus familiares nos hicieron”, dice.

Antonia Valey recordó que tenia 18 años cuando la violaron los expatrulleros. “Estaba embarazada y no respetaron, tenía 7 meses y perdí a mi bebé”, dice la mujer, que también recuerda la pérdida de sus animales, granos y propiedad.

Muchas de las víctimas se vieron desplazada tras los ataques.

Los testimonios relatan que durante 1982 y 1983, los años más crueles de la guerra según informes sobre la verdad de lo ocurrido, soldados y cometieron masacres en varias comunidades, mientras expatrulleros cometían más abusos.

“Llegan a las casa a preguntar por los esposos, pero ellos antes ya los habían secuestro y asesinado, luego obligaban a las mujeres a irse con ellos, ya no había quien las defendiera”, dicen los testimonios.

Ana Zarceño, abogada defensora de Gabriel Cuxum Alvarado, dice que su defendido no es responsable de los hechos y que solo hay testimonios contra él. No hay ni un documento, dice.

Las abogadas documentaron que Cuxum, tras la acusación de haber participado en una masare, intentó cambiar su nombre y también piden que sea condenado por la usurpación de identidad.

Se espera que al finalizar las conclusiones de la defensa de los acusados el tribunal dicte su fallo en el caso, posiblemente al final de la semana.