Archivos de la represión en México se abren a cuentagotas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a todas las oficinas del gobierno de México que entregaran al Archivo General de la Nación (AGN) los expedientes históricos pendientes sobre violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas y corrupción, aunque hizo hincapié en que sobre todo lo hiciera la agencia de inteligencia, a la que el mandatario siempre ha señalado de haber sido usada en el pasado para perseguir a rivales políticos.

Casi tres años después, sin embargo, la entrega de información ha sido mínima, según una revisión de The Associated Press.

Hasta ahora, la única oficina gubernamental que ha respondido a la orden del presidente es el llamado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque con un solo expediente: el del homicidio en 1984 del periodista mexicano Manuel Buendía, quien entonces era uno de los más conocidos y respetados columnistas del país. El asesinato es uno de los casos más importantes de los ataques contra la prensa en el país y las autoridades concluyeron que el autor intelectual fue José Antonio Zorrilla, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la “policía secreta” que operó entre 1947 y 1985 y que fue el antecedente de la actual agencia de inteligencia.

El CNI entregó al AGN el expediente del caso Buendía, junto con fotografías y negativos.

La orden presidencial —publicada el 28 de febrero de 2019— y sus lineamientos establecen los tiempos en que el CNI debe mandar al AGN paquetes documentales: en 2020, se debieron enviar los documentos de 1986 a 1990; en 2021, los de 1991 a 1995; en 2022, los de 1996 a 2000 y, en 2023, los de 2001 a 2004.

El AGN, a través de una respuesta de transparencia y luego confirmado por su área de prensa, informó a The Associated Press que el expediente de Buendía es el único que el CNI les ha enviado. El archivo también aclaró que ninguna otra dependencia pública había entregada nada.

“Hasta el momento se ha mantenido cooperación con el CNI, quien el 28 de septiembre de 2020 entregó al AGN una caja con 10 legajos que contienen material relacionado con homicidios de periodistas, de los años 1987 a 1990”, respondió el Archivo vía correo electrónico. Se refiere, según explicó en el mismo correo, al expediente Buendía, el cual se integra por 816 fojas más 315 negativos y 6 fotografías.

En 2002, México vivió un proceso similar, pero con mayor apertura: el entonces presidente Vicente Fox ordenó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), como entonces se llamaba el CNI, entregara al AGN un total de 4.223 cajas, con cerca de 58.302 expedientes históricos sobre represión y espionaje, correspondientes al periodo 1947-1985. Esos documentos fueron creados en su mayoría por la extinta DFS y todos fueron enviados al archivo.

López Obrador ha insistido en que uno de los objetivos de su gobierno es abrir a la ciudadanía los expedientes de inteligencia y espionaje político, sobre de la “guerra sucia”, como se le conoce al periodo de la represión de movimientos políticos y sociales entre las décadas de 1960 y 1980. El tema es en parte personal para el presidente: la DFS elaboró entre 1979 y 1983 reportes sobre él, los cuales ya están disponibles al público.

“Nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa por los teléfonos a toda la familia, a todo el círculo cercano, pues es una práctica de gobiernos autoritarios, nosotros padecimos eso. Por eso desapareció el CISEN, fue de las primeras cosas que planteé, y que no íbamos a espiar a nadie”, dijo el 23 de julio pasado en una de sus tradicionales conferencias matutinas.

En 2018, al entrar al poder, el mandatario decidió desaparecer al CISEN y transformarlo en el CNI. Antes, el centro dependía de la Secretaría de Gobernación, responsable entre otras cosas de la política interior del país, y ahora está bajo control de la Secretaría de Seguridad.

Si bien el CNI es el único organismo obligado por la orden presidencial y sus lineamientos a realizar las entregas anuales de expedientes, la disposición abarca a toda la administración pública. Es decir, también aplica para el Ejército, la Marina, la Fiscalía General y cualquier otra área de gobierno que pudieran tener esta clase de archivos.

La orden presidencial dice textual: “Se instruye a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.

Y luego en los líneamientos, de abril de 2019, se precisó el proceso para llevar a cabo esa entrega. Ahí es donde se impusieron al CNI, y sólo al centro, los plazos para dar los documentos.

Representantes de la sociedad civil, periodistas y académicos señalaron que las fallas en el proceso están en la redacción de la orden presidencial, pues deja a la interpretación del CNI y al resto de las dependencias la decisión final de qué documentos enviar o no.

“Están siendo juez y parte, y eso está obstruyendo el proceso de apertura, porque el Ejército o la Marina tienen que admitir que cometieron violaciones a derechos humanos y enviar los expedientes, y eso no va a ocurrir”, dijo Carlos Dorantes, oficial del Programa de Derecho a la Información de la organización Artículo 19.

“Creo que estamos ante un proceso de simulación y podemos perder una oportunidad importante para conocer qué hizo el CISEN desde su fundación”, consideró Jacinto Rodríguez Munguía, periodista mexicano que, en las últimas dos décadas, ha publicado libros con documentos del AGN sobre el control de la prensa en la “guerra sucia” y cómo se planeó desde el gobierno la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

“Si la apertura de expedientes depende del CNI, no podemos esperar mucho, pues ellos están decidiendo qué enviar y qué no, en vez de que se garantice una transferencia total de archivos de los expedientes de la DFS, como ocurrió en 2002 por decreto presidencial”, agregó Adela Cedillo, historiadora mexicana especializada en la “guerra sucia”.

En el primer periodo de entrega, correspondiente al periodo 1986-1990, no sólo ocurrió el homicidio de Buendía. Entre lo que marcó esa etapa está la polémica elección presidencial de 1988 que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari sobre el opositor Cuauthémoc Cárdenas y el fallecimiento en 1989 de Manuel J. Clouthier, también aspirante presidencial el año anterior y cuya muerte en un accidente vehicular que su familia siempre consideró sospechosa.

Y entre 1991 y 1995 ocurrió uno de los periodos más convulsos en la historia reciente de México, pero en particular 1994: ese año se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), asesinaron al candidato presidencial puntero Luis Donaldo Colosio y al político José Francisco Ruiz Massieu, quien era el líder del entonces partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero nada ha sido enviado al AGN.

La AP consultó al CNI, el Ejército y la Marina sobre la falta de entrega de archivos, pero no respondieron.

Ante los retrasos en las entregas de los archivos históricos, el AGN refirió a la AP que “actualmente se trabaja con el CNI para coordinar la siguiente transferencia de manera ordenada”.

Sin embargo, los expertos insisten en los riesgos.

“En 2002, con la apertura de archivos ordenada por Fox, hubo mucha expectativa y quedó en frustración", dijo Rodríguez Munguía, en referencia a que si bien el CISEN entregó los documentos que se le exigieron, al final no hubo ninguna investigación que resultara en la aclaración de los distintos abusos y delitos de delitos del pasado, ni en el castigo de los responsables.

"Ojalá la historia no se repita esta vez, sobre todo con un presidente y un movimiento político que, de alguna forma, fueron víctimas de ese propio sistema de espionaje y persecución”, añadió.