México aprueba plan piloto de regularización de haitianos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México iniciará en enero un proyecto piloto para “generar alternativas de regularización migratoria” que beneficiará, en un primer momento, a 200 migrantes haitianos, informó el jueves el gobierno federal.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones llevaban meses insistiendo en la urgencia de poner en marcha herramientas legales alternativas al refugio para descongestionar el sistema de asilo mexicano, que está desbordado.

El gobierno indicó en un comunicado que estas dos agencias de la ONU presentaron un plan piloto, el cual es el que el gobierno federal aprobó el jueves en la reunión que mantuvieron la cancillería, la Secretaría de Gobernación y otros departamentos.

Aunque la nota de prensa no lo aclara, el plan consistiría previsiblemente en ofrecer visas temporales que permitan trabajar a los beneficiarios que, previamente, serán puestos en contacto con empresas que tengan ofertas de empleo.

Sin embargo, el alcance será limitado si no se amplía con rapidez, ya que en lo que va del año México ha recibido más de 123.000 solicitudes, frente a las más de 70.000 de 2019, según datos oficiales.

La mayoría de esas solicitudes fueron presentadas en el sur del país, y más de 47.000 son de haitianos.

El desempleo, las malas condiciones de vida y la falta de respuesta oficial a sus trámites en Tapachula, considerada la capital de la frontera sur mexicana, habían hecho que muchos volvieran a partir en caravanas en dirección al norte desde agosto, y que miles de haitianos llegaran en autobuses hasta la frontera con Texas, donde en septiembre instalaron un campamento que puso en jaque a los gobiernos de México y Estados Unidos.

Por eso desde noviembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a ofrecer a migrantes que estaban en el sur ser trasladados a otros estados de México y entregarles ahí visas humanitarias “de manera expedita y ordenada”. El INM no ha informado cuántas personas han sido beneficiadas.

Mientras tanto, la semana pasada Estados Unidos reactivó el programa “Permanecer en México” para que los solicitantes de asilo en ese país esperen en territorio mexicano la resolución de sus trámites.

Esta medida fue utilizada por el expresidente Donald Trump para expulsar a más de 70.000 migrantes. Su sucesor Joe Biden paralizó el programa al llegar a la Casa Blanca, pero su gobierno se vio obligado a reinstaurarlo por una orden judicial.

Hasta el jueves, habían sido devueltos 161 solicitantes de asilo a México, según datos de la OIM. Tras intensas conversaciones con Washington, México logró algunas mejoras en el programa, como que Estados Unidos los vacune contra el COVID-19, que sean devueltos en mejores condiciones de seguridad y que se reduzca el tiempo de resolución de sus trámites.

Por otra parte, representantes de la caravana de varios cientos de migrantes que hace unos meses salieron del sur del país rumbo a Estados Unidos suscribieron el jueves por la la tarde un acuerdo en la capital mexicana con la Secretaría de Gobernación para regularizar la situación de los extranjeros y que las autoridades permitan el paso de los que deseen ir hacia el norte.

Como parte del documento, las autoridades acordaron respetar los derechos humanos de los migrantes y los documentos de identificación que les expidan, elaborar un listado de miembros, y fijar una nueva reunión para el 17 de enero en la que se instalará una mesa permanente para atender la situación migratoria, señala el texto que difundió la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se comprometió a vigilar que se entreguen las visas humanitarias expedidas por el INM a los miembros de la caravana. El grupo de extranjeros arribó la semana pasada a la Ciudad de México luego de una larga travesía desde el sur del país.

En el encuentro con los miembros de la caravana participaron representantes de la CNDH, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, del INM, de la ACNUR y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.