Aumenta presión contra médicos que desinforman sobre COVID

Ellos dijeron que el COVID-19 era una farsa, promovieron tratamientos no probados y afirmaciones falsas sobre la vacuna, incluyendo que las inyecciones magnetizaban el cuerpo humano.

Los promotores de esta desinformación no eran personajes desconocidos que operaban en los rincones más oscuros de internet. Son un grupo pequeño de médicos que practican en comunidades en todo Estados Unidos.

Ahora, juntas médicas están bajo creciente presión para que tomen medidas. Organizaciones que trabajan a favor de la salud pública les han llamado a asumir una postura más dura para disciplinar a los médicos, incluyendo revocarles las licencias. La campaña se produce en momentos en que la pandemia entra en su segundo invierno y Estados Unidos superan los 800.000 fallecimientos.

Al menos una decena de juntas regulatorias en estados como Oregon, Rhode Island, Maine y Texas emitieron recientemente sanciones contra algunos médicos, pero muchos de los promotores más prolíficos de falsedades sobre el COVID-19 aún tienen inmaculadas licencias médicas.

“Simplemente porque son médicos, no es diferente a que si alguien te llama por teléfono pretendiendo ser el IRS para robarte dinero”, dijo Brian Castrucci, presidente y director general de la Beaumont Foundation. “Es un fraude y nosotros protegemos a los estadounidenses de fraudes”.

La organización de Castrucci, que trabaja por la salud pública, y No License For Desinformation, que combate la información médica falsa, emitieron el miércoles un reporte que resaltó algunos de los casos. El estudio se publicó una semana después de que la Federación de Juntas Médicas Estatales dio a conocer un sondeo que reveló que el 67% de las juntas habían registrado un aumento en las quejas por desinformación sobre el COVID-19.

Esa cifra “es una muestra de lo extenso que se ha vuelto el problema”, dijo el doctor Humayun Chaudhry, presidente y director general de la federación.

La doctora Kencee Graves, médico del Hospital de la Universidad de Utah en Salt Lake City, dijo que una de sus pacientes decidió no vacunarse luego de escuchar desinformación de boca de un médico.

“Ella fue engañada” por alguien en quien debía confiar, dijo Graves, quien describió a la paciente como una “ancianita muy, muy dulce”.

La mujer reconoció más adelante su error diciendo: “Me doy cuenta ahora que me equivoqué, pero pensé que se trataba de una persona a la que debía hacerle caso".

Existe un amplio respaldo para penalizar a esos médicos, de acuerdo con una encuesta nacional que realizó la Beaumont Foundation. En el sondeo de 2.200 adultos, 91% de los entrevistados dijo que los médicos no tienen derecho a diseminar desinformación de forma intencional.

Pero disciplinar a los médicos no es fácil para juntas que fueron creadas mucho antes de las redes sociales. Sus investigaciones tienden a avanzar a un ritmo lento, tomando meses o años, y mucho del proceso es privado.

Castrucci dijo que es hora de que las juntas “evolucionen”, pero es difícil. Este mes, la junta de licencias médicas de Tennessee retiró de su portal una política recién adoptada sobre desinformación ante la presión de un legislador estatal republicano y una nueva ley que impuso amplias restricciones para el coronavirus.

Incluso miembros de juntas han sido acosados. En California, la presidenta de la junta médica del estado, Kristina Lawson, fijo que un grupo personas antivacunas la hostigó a un costado de su residencia y la siguió hasta su oficina la semana pasada. Comentó que las personas dijeron pertenecer a America’s Frontline Doctors, un grupo que critica las vacunas para el COVID-19 y disemina desinformación.

El líder del grupo, la doctora Simone Gold, quien fue arrestada durante el asalto al Capitolio del 6 de enero, tuiteo este mes a sus casi 390.000 seguidores que “el personal de enfermería sabe que los pacientes de COVID están muriendo por los protocolos subsidiados por el gobierno en hospitales (Remdesivir, intubación), no por COVID.”

Gold sigue teniendo su licencia médica en California, aunque su certificación en medicina de emergencias expiró el año pasado. Las denuncias e investigaciones no son públicas en el estado, de manera que no se sabe si existe alguna en su contra.

En Idaho, la asociación médica del estado se frustró tanto con la promoción del patólogo Ryan Cole del medicamento antiparásitos ivermectina que presentó una queja ante la junta médica estatal. Susie Keller, directora ejecutiva de la asociación, dijo que cree que la primera vez que el grupo presentaba una queja contra uno de los suyos. Muchos médicos, explicó, están muy molestos.

La diseminación de falsedades “ha provocado que nuestros médicos y enfermeros sean víctimas de abuso verbal" de parte de pacientes que están convencidos de que la información falsa es cierta, dijo Keller.

Cole no respondió a una solicitud de comentario de The Associated Press, pero su buzón de llamadas de trabajo señalaba que él “no puede prescribir medicamentos ni emitir cartas de exención de vacunas o mascarillas”. El buzón además instruye a quienes llaman a que ingresen al portal de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, un grupo que promueve el uso de ivermectina.

Bajo la ley de Idaho, todas las investigaciones a médicos se realizan en privado, a menos que haya una audiencia formal. Entretanto, la junta médica del estado de Washington investiga cinco quejas contra el doctor Cole, dijo la portavoz Stephanie Mason.

Investigar la desinformación es “muy difícil porque muchas de las acciones no están documentadas”, escribió Mason en un correo electrónico. Muchos ejemplos “ocurren calladamente en una oficina”.

En Ohio, la junta médica del estado renovó automáticamente la licencia de Sherri Tenpenny en septiembre pasado, luego que el osteópata declaró meses atrás ante el panel de salud de la cámara baja estatal que las vacunas para el CVID-19 causaban magnetismo.

Los que reciben la vacuna “pueden ponerse una llave en la frente y se adhiere”, dijo Tenpenny.

Jerica Stewart, vocera de la junta médica del estado, dijo que la renovación reciente de una licencia médica no impide que la junta tome medidas.

“Hacer una declaración falsa, fraudulenta, engañosa o confusa” es motivo de sanción, aseguró Stewart.

En Texas, la doctora Stella Immanuel apareció en un video que promueve la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria. "No se necesitan mascarillas. Existe una cura”.

En octubre, la junta médica de Texas le ordenó a Immanuel pagar 500 dólares y mejorar sus procedimientos de consentimiento porque descubrió que ella había prescrito hidroxicloroquina a un paciente con COVID-19 sin explicarle adecuadamente las posibles consecuencias de salud, según documentos.

Immanuel no respondió a un mensaje de la AP en Facebook y el consultorio médico en el que trabaja no respondió a un correo electrónico.

El doctor Nick Sawyer, quien dirige No License For Disinformation, dijo que la medida contra Immanuel fue “una palmadita en la muñeca” y acusó a las principales juntas medicas del país de “no hacer su trabajo de proteger la salud pública”.

Dijo que ha visto los daños personalmente, como médico de emergencias en Sacramento, California. Afirmó que una paciente con diabetes de setenta y tantos años insistió apenas este mes en que no tenía COVID-19 a pesar de haber arrojado positivo en una prueba diagnóstica, en seguida exigió que se le diera ivermectina y se dio de alta contraviniendo la recomendación de los médicos una vez que se le negó el fármaco.

“Ella dijo: ’Si tengo COVID, usted me lo contagió”, recuerda.