Bolivia: cárcel para acusado de ocupación ilegal de tierras
LA PAZ, Bolivia (AP) — La justicia boliviana envió el viernes a prisión preventiva a un dirigente afín al partido boliviano de gobierno acusado de liderar un supuesto grupo armado vinculado al tráfico de tierras.
El juez Roberto Hurtado determinó que Sixto Canaza permanezca seis meses en una cárcel en la región oriental de Santa Cruz, al este de La Paz. Canaza dijo ser inocente.
La Fiscalía imputó a Canaza los delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, privación de libertad, amenazas, tenencia y porte ilícito de armas y tentativa de homicidio.
Durante la detención de Canaza y de otro implicado se registraron disparos. La policía reportó que el segundo implicado escapó con las esposas puestas.
“En la segunda aprehensión se producen inconvenientes. El sujeto escapa, usando un vehículo particular, casi atropella a un fiscal... hubo disparos”, informó el director de la policía anticrimen de Santa Cruz, Edson Claure.
Canaza es un campesino que pertenece al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y es investigado por supuestamente liderar un grupo de encapuchados con escopetas que retuvo a fines de octubre a 17 personas, entre ellos policías y dueños de una finca, que denunciaban que sus predios habían sido usurpados en la localidad de Guarayos, al este de Bolivia.
Los gremios periodísticos denunciaron que reporteros fueron secuestrados y golpeados mientras cubrían el conflicto por las tierras, que no les permitieron grabar y que incluso dispararon a una de las cámaras. La televisora ATB grabó un momento donde se ve a los encapuchados con armas.
El gobierno minimizó el conflicto y aseguró que no se trata de un grupo irregular mientras el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que los empresarios también están siendo investigados.
Santa Cruz, el motor agrícola del país, es epicentro de disputas por tierras entre colonos y hacendados y comunidades indígenas en la región chiquitana, un rico bosque seco de gran biodiversidad, vecino de la Amazonía brasileña, que en 2019 sufrió un devastador incendio en parte provocado por la expansión agrícola que acabó con más de cinco millones de hectáreas, según la Fundación Amigos de la Naturaleza.
La toma de tierras ha sido denunciada por agroindustriales y ganaderos pero también por indígenas de tierras bajas que marcharon 37 días contra los usurpadores y reclamaron al gobierno que actúe.
