Los ex FARC asesinados en tiempos de paz en Colombia

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — “Me mataron un hijo después de haber dejado la guerra”. Manuel González Benítez, integrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no deja ver resentimiento en sus palabras, pero sí convicción: “si me toca también dejar la vida en este intento de lograr la paz, estoy dispuesto a dejarla”.

Su hijo y también excombatiente Manuel Antonio González Buelvas, de 32 años, fue ultimado a tiros el 13 de diciembre de 2019 cuando trabajaba transportando personas en su motocicleta en una vía solitaria que conduce al espacio territorial en el que vivían los firmantes de la paz en Ituango, Antioquia, al noroeste de Colombia.

El asesinato de excombatientes es una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional cuando se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de América Latina. Las víctimas mortales ascienden a 292 desde la firma del acuerdo en 2016, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. También han registrado 67 intentos de homicidio y 22 desapariciones.

La entrega de armas y entrada a la legalidad de más de 13.100 combatientes de las FARC no significó en Colombia el fin de la violencia. Otros grupos armados como el Clan del Golfo, Los Pelusos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC se disputan el control de las rentas ilegales, sobre todo del narcotráfico, asediando a la población civil, los excombatientes y los defensores de derechos humanos.

“Hay mucha preocupación con el tema de la seguridad porque cada ocho días están asesinando un firmante de la paz”, dijo a The Associated Press González Benítez, llamado en las FARC Helmer Arrieta, quien se desplazó del espacio territorial en la zona rural hacia Medellín por las amenazas recibidas.

Arrieta y el partido Comunes -creado tras la firma de la paz y al que pertenece- le han pedido al gobierno colombiano acciones concretas para prevenir los asesinatos e investigarlos. Dos años después del crimen de su hijo no tiene información sobre los responsables materiales ni intelectuales del hecho. Sólo ha oído comentarios de la gente de la zona sobre un posible ajuste de cuentas al confundir a Manuel Antonio con un integrante de un grupo armado o una venganza por ser el hijo de un exdirigente guerrillero.

“Nos sorprendió a todos, él era un muchacho sano, no tomaba, no tenía ninguna clase de vicio. Su proyecto de vida era salir adelante, no quería irse del espacio (de reincorporación) porque él era netamente campesino. Tenía una pareja y dejó una niña de ocho meses”, recordó Arrieta, quien ahora vela por su nieta.

Consultada por la AP, la Fiscalía informó que entre 2016 y octubre de 2021 hubo avances en la investigación del 54% de los 279 homicidios de ex integrantes de las FARC que han documentado -las cifras estatales y las de la ONU y organizaciones civiles difieren-. Los casos están en diferentes etapas: 53 en indagación con orden de captura, 19 en investigación, 41 en juicio y 31 tienen sentencias.

En la mayoría de los casos los perpetradores de los asesinatos no han sido identificados. Sin embargo, más de 50 de éstos serían responsabilidad de las disidencias de las FARC, que han sido señaladas por el gobierno como el principal peligro para los propios excombatientes. El Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Caparros y el ELN también son responsables, aunque en menos casos.

El gobierno asegura que ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los excombatientes designando efectivos de la policía a los territorios donde permanecen y más de 1.300 escoltas y 600 vehículos para los excombatientes que manifestaron estar en riesgo, de acuerdo con el último informe publicado en agosto de este año.

Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group, explicó a AP que uno de los efectos negativos que tienen los asesinatos es hacer “invisibles” a los excombatientes, debido a que deben ocultar su verdadera identidad para no ser señalados en las comunidades en lugar de integrarse a la vida social.

“Ha tenido el efecto de que muchos de los excombatientes han tenido que irse a zonas urbanas para guardar su seguridad e impactado proyectos económicos (rurales), con el efecto de frenarlos”, agregó Dickinson.

Colombia atraviesa un proceso de posconflicto en el que los antiguos victimarios de las FARC acuden a un tribunal de paz en el que se comprometen a decir la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra que cometieron durante cinco décadas y que incluyen miles de secuestros, desapariciones, asesinatos, reclutamiento forzado de menores y atentados terroristas.

Un sector de la población aún no comparte lo acordado con las extintas FARC al considerar que no recibirán las condenas que corresponden a la gravedad de sus crímenes y en cambio pueden ocupar escaños en el Congreso y puestos de elección popular.

En una reciente entrevista con AP, el presidente del tribunal de paz, Eduardo Cifuentes, aseguró que están próximos a emitir una sentencia en los casos “más complejos” en los que ya han imputado por más de 21.300 secuestros a la antigua cúpula de las FARC y por ejecuciones extrajudiciales a 20 militares. Las sanciones serán acordadas con las víctimas y, en caso de que los excombatientes no digan toda la verdad, podrían ser condenados a hasta 20 años de cárcel.

Arrieta aseguró que continuará compareciendo ante el tribunal de paz, así como lo hacen más de 9.800 excombatientes actualmente. “Sigo siendo un convencido de que Colombia merece ya vivir no en cualquier paz, sino en una integral, que se silencien todos los fusiles y que sea el Estado el que tenga el monopolio de las armas”.