Colombia aplaza decisión sobre despenalización del aborto

BOGOTÁ (AP) — La Corte Constitucional colombiana no falló el jueves sobre las demandas que piden la despenalización total del aborto, un delito penado con entre uno y cuatro años de cárcel.

Los nueve magistrados que componen el tribunal no lograron decidir sobre un impedimento que presentó Alejandro Linares, uno de los togados, por referirse recientemente al tema del aborto en los medios de comunicación. Por tanto, el impedimento será decidido por un conjuez, lo que dilatará la decisión que requiere al menos cinco votos en un mismo sentido.

Néstor Osuna, doctor en Derecho Constitucional, explicó a The Associated Press que el conjuez del caso deberá elegirse por sorteo entre un grupo de 27 conjueces definidos previamente por la corte. “El conjuez deberá conocer el expediente para enterarse del porqué del impedimento y una vez se haya resuelto el empate si Linares queda impedido se deberá tomar la decisión entre ocho magistrados; y en caso de que no se logre una mayoría de cinco votos habría que volver a sortear un conjuez ya para definir el fondo del asunto. El panorama sí es de un alargue”, indicó Osuna.

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer se manifestaron el jueves pacíficamente en los alrededores del tribunal con carteles en los que exigían “¡Aborto libre ya!”, mientras activistas contra la interrupción del embarazo alzaban pancartas que decían “La vida está dentro de ti”.

Una de las demandas que pide la despenalización total del aborto fue interpuesta por el movimiento Causa Justa, que agrupa a más de 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer, que considera que la existencia del delito es la “principal barrera” que impide a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, optar por una interrupción voluntaria del embarazo incluso si lo solicitan amparándose en las causales autorizadas.

En Colombia el aborto es legal sólo por tres causas aprobadas en 2006 por la misma Corte: si existe peligro para la vida o salud de la mujer, el feto tiene una grave malformación o el embarazo fue producto de una violación o incesto.

“Si falla a favor lo que la Corte dice es que se tiene que eliminar del Código Penal nacional el delito de aborto y muy seguramente la Corte le puede ordenar o al Ministerio de Salud o al Congreso regular -como lo hizo en matrimonio igualitario- pero bajo el marco de que ya no puede ser un delito”, dijo a The Associated Press Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva de Women’s Equality Center.

Las demandas sostienen que la Corte debe volver a fallar de fondo sobre el aborto porque en los últimos años se han dado cambios relevantes en el contexto del país que han agravado las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo: la pandemia, que dificultó el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y los problemas que enfrentan las mujeres en situación migratoria irregular que pueden recurrir a abortos inseguros ante un marco legal restrictivo.

Karina Contreras asistió a la protesta frente a la Corte con su hija de 19 años, quien es estudiante de medicina. Ambas portaban camisas con rayas azul celeste, el color que identifica a los manifestantes que se oponen al aborto en Colombia.

“Creo firmemente que todos tenemos derecho a respirar y crecer” dijo Contreras a la AP, mientras un grupo de activistas rezaban ave marías a su alrededor. “Hay más opciones. Está la adopción. Hay familias que desean tener hijos y no pueden. Lleven a un feliz término su embarazo y dejen a los niños en adopción”, agregó.

En Latinoamérica varios países han avanzado en la legalización del aborto o han aceptado excepciones. En Argentina, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay es legal si se practica entre las ocho y las 14 semanas de gestación, dependiendo del país. Chile sólo permite la interrupción del embarazo en casos específicos como violación, malformación del feto o cuando peligra la vida de la madre. Sin embargo, la restricción es total en Nicaragua, Haití, El Salvador y República Dominicana, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos.

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Suárez reportó desde Bucaramanga, Colombia.