México detiene a presunto involucrado en espionaje Pegasus

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía mexicana informó el lunes de la detención y el inicio del proceso penal contra una persona presuntamente involucrada en el espionaje de una periodista con el malware Pegasus, un programa de la firma NSO Group que se utilizó para espiar a comunicadores, activistas de derechos humanos y disidentes políticos en 50 países del mundo.

Según Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, una ONG de defensa de la prensa que lleva años vinculada a esta investigación, se trata del primer detenido y del primer caso que la fiscalía judicializa en México, un escándalo que en este país comenzó en 2017.

La fiscalía informó el lunes del arresto en un comunicado, aunque explicó que la captura tuvo lugar el pasado 1 de noviembre en la ciudad de Querétaro, en el centro del país. Agregó que el detenido, que solo identificó como Juan Carlos “G”, quedó en prisión preventiva justificada “derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso”.

Se le acusa de intervenir comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial con el agravante de que fue cometido en contra de una periodista “con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión”.

Una autoridad federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones, indicó a AP que el detenido es el empresario Juan Carlos García Rivera, vinculado a la empresa Proyectos y Diseños VME y al grupo K.B.H.

Cuatro años después de que surgieran en México las primeras denuncias de que Pegasus, un programa que supuestamente solo se vendía a gobiernos, había sido utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, el pasado mes de julio la organización Forbidden Stories, con sede en París, y Amnistía Internacional, en coalición contra otras ONG y medios, demostraron que el alcance de Pegasus iba mucho más allá.

Consiguieron una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares presuntamente seleccionados por clientes de NSO para un potencial espionaje entre los que incluso había jefes de estado. El número más grande de la lista, 15.000, correspondía a teléfonos de México.

Ese mismo mes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo haber localizado 31 contratos vinculados a Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares con compañías “fachada”.

Entre estas empresas, y según la relación que el ejecutivo divulgó entonces, se menciona a Proyectos y Diseños VME como una de las suscribió contratos con el Centro de Inteligencia Nacional en 2016 y 2017 y a K.B.H. como una de las compañías con acuerdos con la extinta Policía Federal en 2011 y 2012.

Leopoldo Maldonado confió en que esta detención sea el primer paso para el esclarecimiento del caso, ya que García Rivera es o fue "un operador técnico de una empresa privada que era intermediaria de NSO en México y benefició con el espionaje ilegal a personajes públicos”.

“Pero no se cierra ahí el ámbito de responsabilidades", agregó en declaraciones a AP. "Ni se descarta su utilización ilegal desde las propias instituciones públicas”.

En un comunicado conjunto, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, R3D, Social Tic y Artículo 19 expresaron que García Rivera es “pieza clave en la trama para entender el uso ilegal del software Pegasus en México, tanto en el ámbito público como privado”, e indicaron que las investigaciones de los medios y las autoridades dan cuenta de la existencia de una “red de empresas relacionadas con el empresario Uri Emanuelle ´A´", quien supuestamente fue el proveedor principal del malware en el país latinoamericano.

Las organizaciones precisaron que García Rivera habría utilizado el malware para “intervenir las comunicaciones privadas de un número indeterminado de víctimas a petición y en beneficio de instancias públicas y privadas”, que son investigadas por la Fiscalía General de la República.

Algunas compras del software espía en México ocurrieron bajo el mandato del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien se encuentra detenido por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Otras tuvieron lugar durante la administración de Peña Nieto, uno de cuyos máximos funcionarios, Tomás Zerón, vinculado a la desaparición de 43 estudiantes en 2014, huyó posteriormente a Israel.