CorteIDH: Colombia es responsable por secuestro a periodista

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Jineth Bedoya sufrió en carne propia la guerra que reportaba como periodista en Colombia y, aún en medio del dolor, se convirtió en la voz de miles de mujeres que como ella fueron víctimas de violencia sexual por parte de los grupos armados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) informó el lunes que encontró al Estado de Colombia responsable por el secuestro y la tortura de Bedoya, quien es la primera víctima en llevar a este tribunal un caso de violencia sexual cometido en Colombia.

“El Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000”, indicó la Corte IDH en un comunicado.

Bedoya demandó al Estado argumentando que éste no adoptó medidas oportunas para protegerla de ser secuestrada, torturada y abusada pese a que estaba al tanto de las amenazas que recibía por sus reportes periodísticos; así como por no investigar con debida diligencia dichos crímenes.

“Creo que es tal vez la recompensa más grande que uno pueda tener: que estas mujeres víctimas no pierdan la esperanza de que un caso abra la puerta para otros miles en Colombia”, dijo Bedoya en una entrevista concedida a The Associated Press días antes de conocerse el fallo.

En Colombia 15.760 personas, la mayoría mujeres, han reportado ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado entre 1960 y 2020, según las cifras públicas del Observatorio de Memoria y Conflicto. Históricamente, los mayores victimarios han sido los paramilitares y las guerrillas, sin embargo, los actores armados se han diversificado y en la actualidad las mujeres siguen siendo víctimas de violencia sexual.

Bedoya recibió fuertes amenazas por las investigaciones que realizaba sobre tráfico de armas y compra y venta de secuestrados al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá. Según ha declarado la periodista ante la Corte IDH, la policía le recomendó ir a la cárcel a entrevistarse con un paramilitar para frenar dichas amenazas.

El 25 de mayo del 2000 Bedoya, entonces de 26 años, acudió a la prisión, pero en la entrada fue abordada por una mujer y un hombre que se la llevaron mientras le apuntaban con un arma. Bedoya fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente por un grupo de hombres que buscaban silenciar sus denuncias. Horas después, los captores la abandonaron moribunda en una carretera desolada. Ese día murió en vida, dice.

“Después de tanto dolor, encontrarse uno solo en un cuarto y mirar lo que quedó físicamente después de la agresión, sólo te lleva a pensar en el suicidio y eso fue lo que me pasó a mí”, relató Bedoya. “Pero también pensar en el exilio era como una segunda muerte, era dejar tu vida tirada completamente e ir a morir de tristeza en la habitación de una casa en un país donde no hablan tu lengua, donde hace un frío de -12 grados”, añadió.

Decidió quedarse en Colombia y se sumergió en la adrenalina que inyectan las noticias. Dice que el periodismo la “salvó”.

“Regresé, no a escribir sobre política o economía, sino a cubrir la guerra, a estar en medio de solo hombres, en medio de batallones de soldados, en campamentos de guerrilleros y paramilitares”, relató. Sin embargo, mientras su vida profesional prosperaba, su vida personal “se destruyó”. Las secuelas de la violencia no se borraron.

Durante 21 años Bedoya ha tenido un esquema de seguridad proporcionado por el Estado porque las amenazas no han cesado. En marzo de 2021, la Corte IDH ordenó al Estado colombiano proteger la vida de Jineth y de Luz Nelly Lima, su mamá. Denunciar en la corte internacional le ha costado nuevas amenazas: en una llamada le dijeron que la iban “a volver a violar” y le advirtieron que si ella “no era capaz de cerrar la boca” que ya sabía lo “que le esperaba”.

Bedoya aseguró que la respuesta del Estado a la medida provisional dictada por la Corte IDH ha sido “satisfactoria”. “Básicamente es extender el esquema de seguridad a mi mamá… que se hicieran extensivas (las medidas cautelares) a ella y que se tuviera en cuenta el tratamiento con enfoque de género”, explicó la periodista.

En su fallo, la Corte IDH ordenó al Estado reparar a Bedoya continuando con las investigaciones que permitan determinar a los responsables de los actos de violencia y tortura, así como de las amenazas; garantizando la difusión en medios públicos del programa trans-media “No es hora de callar”, una campaña que apoya a las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia; y al crear e implementar un plan de capacitación para funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para que identifiquen la violencia contra las mujeres periodistas, y “protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores”.

Ante la Corte IDH, Bedoya solicitó el cierre de la cárcel La Modelo como una forma de reparación colectiva, lo cual no fue avalado por la Corte. Éste, dijo la periodista, es el punto más importante de su demanda contra el Estado y por tanto continuará exigiéndolo.

“No podemos seguir teniendo un símbolo de impunidad construido literalmente sobre los huesos de decenas de personas que fueron descuartizadas y arrojadas por las cañerías de esta cárcel”, asegura Bedoya, quien ha investigado por años los crímenes que también incluyen secuestro, tráfico de armas, violaciones sexuales y trata de personas.

Sin embargo, la Corte IDH ordenó crear un centro estatal de memoria y dignificación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto y del periodismo investigativo, así como crear un fondo para financiar programas de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia.

“Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano”, señalaron el lunes en un comunicado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Fundación para la Libertad de Prensa, las organizaciones representantes de Bedoya ante la Corte.

En marzo de este año, Camilo Gómez Alzate, en representación del gobierno, le pidió perdón a Bedoya por revictimizarla al hacerle repetir en diligencias judiciales 12 veces su testimonio y la falta de diligencia para investigar las amenazas en su contra.

Sin embargo, Bedoya aseguró a la AP que no considera que exista una solicitud de perdón real por parte del Estado. “No es simplemente una palabra que se exprese, es un conjunto de acciones que llevan a que ese perdón sea real. Lo primero, desde el reconocimiento de que hubo un gran vacío de apoyo, asistencia e investigación. Segundo, que después de cometido el secuestro se hubiera podido llegar a una judicialización de quienes cometieron este acto”, explicó.

En el caso de Bedoya han sido condenados tres paramilitares a pagar entre 11 y 40 años de prisión: Alejandro Cárdenas, alias “JJ”; Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero” y Jesús Emiro Pereira, alias ”Huevoepizca”. Otras 20 personas han sido mencionadas en la investigación pero no vinculadas. No hay ningún autor intelectual sentenciado.

Bedoya advierte que los autores intelectuales habrían sido parte del Estado y serían personas de gran poder. Colombia dijo en las audiencias ante la Corte que no hay evidencia de que esto haya sido así y que el “plan criminal fue fraguado por miembros de autodefensas ilegales”.

Antes de ser secuestrada, Bedoya investigaba cómo al interior de la cárcel “policías, militares, paramilitares y guerrilleros traficaban armas a todo nivel, comercializaban con secuestrados... y cómo guerrilleros de las FARC le compraban armamento al ejército".

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, dijo ante la Corte IDH que la importancia del caso de Bedoya radica en que es el primero en el que dicho tribunal “tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre el enfoque de género que los estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres periodistas”, así como profundizar sobre la "atribución de responsabilidad del Estado por hechos de tortura y violación sexual en supuesto de los cuales una acción u omisión estatal facilita su ocurrencia”.

Ayudar a otras mujeres a contar sus testimonios y a defender sus derechos colectivamente le ha valido nuevas amenazas tanto a Bedoya como a las demás víctimas. Algunos procesos se han acabado por la presión de los actores armados.

Aunque los casos de violencia sexual disminuyeron durante las negociaciones de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Bedoya asegura que ahora, cinco años después, este tipo de violencia aumentó.

“Lamentablemente ahora estamos viviendo como ese coletazo de la falta de atención al proceso de paz, porque se volvieron a incrementar los casos, ahora con más fuerza se usa la violencia sexual para silenciar a las mujeres”, aseguró la periodista, quien le pide al Estado colombiano una “verdadera política de Estado para enfrentar la violencia sexual”.