Nicaragua: familias de opositores presos denuncian maltrato
MANAGUA (AP) — Familiares de opositores encarcelados en Nicaragua, entre ellos líderes políticos y aspirantes a la presidencia, denunciaron el jueves que sus parientes sufren “violaciones de derechos humanos, malos tratos y torturas” y exigieron al gobierno de Daniel Ortega su inmediata liberación.
En un comunicado leído durante una rueda de prensa virtual, los familiares dijeron que durante cuatro meses sólo han podido visitar a los reos en dos ocasiones, la última de ellas esta semana, en las que el gobierno autorizó encuentros de dos horas de duración “en condiciones restrictivas y arbitrarias”.
Entre las violaciones de derechos humanos señalaron que sus causas judiciales no aparecen aún reflejadas en el sistema del Poder Judicial, no se les ha permitido reunirse con sus defensores y “se continúan practicando interrogatorios en ausencia de sus abogados”.
Dijeron que en la segunda visita a los presos “notamos un incremento exponencial de la fuerza policial, muchos sufrimos revisiones físicas humillantes que incluyeron el registro de nuestra ropa interior y el despojo de objetos de uso personal como lentes de ver, alcohol de mano y fotografías de seres queridos enfermos y menores de edad”.
Denunciaron también que en los momentos más íntimos de las visitas, los policías filmaron y tomaron fotografías de forma “excesiva”, obligándolos incluso a posar ante sus cámaras.
También dijeron que el estado de salud de los detenidos es precario y que muchos enfrentan problemas de ansiedad. La mayoría “sigue perdiendo peso y sufriendo de debilidad extrema, consecuencia de una mala nutrición”, como el líder opositor y ex vicecanciller José Pallais, que perdió más de 22,7 kilos, y el empresario José Adán Aguerri, que bajó más de 13 kilos.
“Continúan pálidos, muchos no tienen acceso al sol y otros solamente una vez por semana. Hay desorden en la administración de los medicamentos, se los entregan sin nombre ni etiqueta y no saben qué medicina les están proporcionando”, aseguraron en el comunicado.
Josefina Gurdián denunció que su nieta Tamara Dávila, dirigente del movimiento opositor Unamos, sigue bajo “aislamiento total y completo” pues está encerrada en una celda sin ventanas, mientras que su hija Ana Margarita Vijil está sola en una celda y totalmente incomunicada.
“Nuestra demanda está basada en la liberación de nuestros familiares que están siendo procesados por crímenes que no cometieron, en abierta violación a las leyes de Nicaragua y al derecho internacional”, dijo Berta Valle, esposa del aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga.
El comunicado destacó que la mayoría de los presos padece frío por las noches pues no se les permite recibir sábanas, frazadas, ni abrigos. A algunos los obligan a permanecer con luces encendidas durante 24 horas, mientras otros permanecen en oscuridad total, como la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, dijo una de sus familiares.
“No tienen acceso a material de lectura, a noticias actuales u otra actividad que los vincule al mundo y les permita ocupar su mente y su tiempo. Sus celdas permanecen custodiadas, impidiéndoles a través de amenazas la comunicación con otras personas”, indicó el informe.
“Reafirmamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en que les mantienen y que les están provocando daños irreversibles, tanto físicos como psicológicos”, agregó.
En la rueda de prensa participaron también familiares de opositores que están detenidos desde hace más de siete años y otros encarcelados tras las protestas de 2018. Según la oposición, al menos 155 “presos políticos” permanecen recluidos en distintos centros penales del país.
Los arrestos más recientes ocurrieron a partir de mayo, cuando la Fiscalía ordenó la captura de 37 opositores, incluidos periodistas, empresarios, exguerrilleros y siete aspirantes a la presidencia que pretendían competir con Ortega en los comicios del próximo 7 de noviembre, en los que el mandatario sandinista aspira a su tercera reelección consecutiva.
Ortega, que el mes próximo cumplirá 76 años, asegura que los opositores detenidos “son terroristas” y que pretendían repetir el “fallido golpe de Estado”, como denomina a la revuelta social que puso en jaque a su gobierno en abril de 2018.