Exigen castigar a asesinos de dos venezolanos en Colombia

CARACAS (AP) — El gobierno de Nicolás Maduro exigió a las autoridades colombianas investigar el asesinato de dos jóvenes venezolanos —uno de ellos menor de edad— en la zona fronteriza entre ambas naciones. La administración de Maduro pidió también castigar a los responsables y anunció que denunciará al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por su supuesta responsabilidad en el asesinato de miles de migrantes de su país.

Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la “persecución" y el “asesinato de nuestros migrantes" se habría convertido en "una política sistemática y masiva contra nuestros connacionales” en el vecino país. También señaló en una declaración que los venezolanos en Colombia son víctimas de un aparato comunicacional dedicado a “denigrar” a los “migrantes pobres”.

De acuerdo con un informe publicado por Medicina Legal de Colombia, entre 2017 y agosto de 2021 han fallecido 2.053 venezolanos en homicidios con arma blanca, arma de fuego o riñas. Unos 1.408 de esos homicidios fueron cometidos con armas de fuego.

El mismo miércoles más tarde, el gobierno colombiano rechazó y desmintió los señalamientos realizados por Caracas al considerarlos una forma de desviar la atención de otros hechos como el “fallecimiento del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, décimo preso político que pierde la vida bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro”, indicó la Cancillería en un comunicado.

Baduel fue un exministro de Defensa de Venezuela que después se volvió crítico del expresidente Hugo Chávez. Falleció el martes tras contagiarse de COVID-19 en prisión, donde permanecía desde 2017 a la espera de un juicio por sus presuntos vínculos con un complot para derrocar a Maduro.

Contrario a lo dicho por Venezuela, el gobierno de Iván Duque señaló que ha hecho grandes esfuerzos para atender de manera “fraternal y generosa” a los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia. Las cifras oficiales indican que actualmente son más de 1,8 millones de personas a quienes Colombia está otorgando el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una identificación que les dará acceso a los beneficios estatales.

Frente al homicidio de los dos jóvenes, Colombia condenó los hechos e instó “urgentemente a las autoridades a intensificar las investigaciones para dar con los responsables”, y aseguró que la “vida de los niños, niñas y adolescentes requiere de toda la protección, respeto y garantía de sus derechos”.

Los hechos denunciados el miércoles por Maduro ocurrieron el 8 de octubre en Tibú, un municipio que forma parte de la subregión del Catatumbo, históricamente golpeada por el conflicto armado colombiano. Las autoridades de ese país identificaron a uno de los dos fallecidos, ambos de nacionalidad venezolana, como Jackson Enrique Arriaga Parra, de 23 años.

El otro fallecido, cuyo nombre no fue revelado, sería un adolescente de 15 años, que según investigaciones preliminares pertenecía a la etnia wayuu del fronterizo estado venezolano de Zulia, quien llegó hace dos años a Colombia junto a un hermano, donde laboraron como “raspachines de coca”, como denominan en Colombia a las personas que trabajan en condiciones muy precarias en cultivos ilícitos.

Los venezolanos, que habrían sido señalados de hurtar en un comercio, fueron retenidos y golpeados por pobladores del municipio del Tibú, dijeron testigos. Luego llegaron desconocidos armados, quienes a bordo de motocicletas se llevaron a los jóvenes y “los asesinan en las afueras del municipio”, dijo el viernes el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, en un video difundido a la prensa colombiana.

La Policía ha señalado como presuntos responsables a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en la zona. Sin embargo, allí también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y Los Pelusos.

En Tibú los grupos ilegales buscan controlar las rutas de narcotráfico y la producción de hoja de coca que llegó en 2020 a más de 19.300 hectáreas, ocupando primer lugar de afectación nacional según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).