En EEUU, usan ayuda por pandemia para reducir violencia

ROCKFORD, Illinois, EE.UU. (AP) — Los cinco adolescentes habían sido arrestados tantas veces que el policía Kurt Whisenand los conocía de nombre y apellido. Los jóvenes -- implicados en un sinnúmero de robos, tiroteos y secuestros -- se habían convertido en los más notorios delincuentes de Rockford, Illinois.

Pero fue un reporte de hace varios años que dejó perplejo a Whisenand.

El reporte detallaba denuncias de que la mayoría de esos jóvenes -- entonces de unos 13 ó 14 años -- habían sido abusados sexualmente por el mismo hombre, al que habían conocido por internet. El hombre les daba regalos, los separaba y abusaba de ellos. Eventualmente fue capturado y sentenciado a 20 años de cárcel.

Al leer el reporte “fue como que se me prendió un bombillo”, dice Whisenand. El veterano oficial no quedó demasiado sorprendido por el contenido, pero sí se quedó dudando de la manera en que la policía estaba enfrentando el problema de la delincuencia.

Unos meses después, tras arduas investigaciones, Whisenand contaba con datos concretos que confirmaban sus sospechas: De los jóvenes menores de 17 años involucrados en crímenes violentos entre el 2016 y el 2019 en su ciudad, un 70% había sufrido abusos sexuales o domésticos. Algunos habían sido víctima de abusos desde su primer año de edad.

Es así como Rockfords, la quinta ciudad más grande de Illinois, decidió usar parte de los 54 millones de dólares aprobados por el gobierno federal como asistencia económica por la pandemia, para reestructurar totalmente sus estrategias de prevención de la delincuencia infantil. Eso implicó la contratación de un analista de datos y mejoras en las maneras en que la municipalidad entera — incluyendo policías, maestros de escuela y agencias de servicio social — interactúa con los jóvenes. La hipótesis era clara: cuidar de esos niños desde una temprana edad para evitar que caigan en las manos del hampa a futuro.

Los 2 millones de dólares dirigidos a tal objetivo son parte del enorme plan de rescate económico, de 1,9 billones de dólares, que el gobierno federal aprobó para lidiar con los estragos económicos causados por la pandemia, y canalizados directamente a gobiernos locales.

“Esta es una oportunidad que se tiene solo una vez en la vida”, estimó el alcalde de Rockford, Tom McNamara, una ayuda muy apreciada en las comunidades que quedaron al borde de la quiebra debido a la pandemia.

El plan de asistencia económica es tan amplio y generoso que muchas comunidades están usando los fondos de maneras innovadoras, enfrentando problemas que han las aquejado desde hace años. Algunas los están usando para alojar a los sin techo, reemplazar sistemas de desagüe anticuados o hallar maneras alternativas de reducir la delincuencia.

Son experimentos y no hay garantía de que funcionen. En el caso particular de Rockford, tardará años ver los resultados. Pero después de un año que en la criminalidad aumentó pronunciadamente, la municipalidad decidió que está dispuesta a asumir el riesgo.

“Hemos estado enfrentando el problema de la delincuencia por 30 años de la misma manera y es obvio que no podemos seguir así”, comentó McNamara.

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Aprobado con votos demócratas en marzo de este año -- pese a las objeciones de los republicanos que denunciaban que sus fondos no iban directamente a causas relacionadas con la pandemia -- el paquete de rescate económico fue uno de los primeros triunfos legislativos del gobierno de Joe Biden. El colosal paquete de ayuda incluyó dinero para vacunas, cheques de 1.400 dólares para enviar a particulares, subsidios para ayudar a los desempleados y un crédito fiscal con fines de reducir la pobreza infantil. Suministró, además, pagos directos para un total de 350.000 millones de dólares para jurisdicciones locales, estatales y tribales.

Debido al reciente auge de la delincuencia, Biden había animado a las localidades a usar parte de los fondos para encarar el problema. Algunas usaron el dinero para contratar policías o para pagar bonificaciones, mientras otras experimentaron con alternativas como empleos de verano o programas de asesoría.

En Rockford, una ciudad de unos 150.000 habitantes justo al sur del borde con Wisconsin, las autoridades municipales no necesitaban la sugerencia del presidente, pues la delincuencia se había convertido en una lacra para la comunidad.

Rockford, otrora un centro industrial, tiene ahora la tasa de desempleo más alta de todo Illinois, con lo que miles de personas han perdido sus viviendas y casi una cuarta parte de la población vive en pobreza. Su tasa de delincuencia en el 2019 fue más de tres veces mayor al promedio nacional de ciudades de ese mismo tamaño, según cifras del FBI.

McNamara, cuyo padre fue alcalde de la ciudad en la década de 1980, estudió criminología y sociología en la universidad. Poco después de ser elegido alcalde en el 2017, su despacho comenzó a analizar cifras de delincuencia y halló que un 40% de los delitos en la ciudad respondían a violencia doméstica.

McNamara formó una comisión especial y creó un centro de ayuda para víctimas de ese tipo de violencia, en el casco urbano de Rockford. Allí, las víctimas pueden conseguir una orden de protección urgente, ayuda psicológica, alimentos, vivienda y otros servicios. Allí mismo está el cuartel de la policía local. Todo lo cual conforma una estrategia multidisciplinaria para encarar el problema de la delincuencia juvenil.

Entre el 2016 y el 2019 las cifras de delincuencia en Rockford fueron disminuyendo, según cifras de la policía. A partir de noviembre del 2019 hubo cuatro meses seguidos en que no se registró ni un solo homicidio, y McNamara albergaba esperanzas de que habría otro descenso anual para el 2020.

“Pero entonces estalló la pandemia y todo se fue a pique”, comentó.

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La mayoría de los incidentes de violencia armada el año siguiente fueron, según el entonces comandante Dan O’Shea, venganzas entre pandillas, en su mayoría en barrios de bajos ingresos de mayoría negra o hispana. En muchos casos, determinó O’Shea, se trataba de jóvenes que paseaban en carros por la ciudad disparando alocadamente.

La policía sospechaba que parte del problema era que los niños no estaban yendo a la escuela, y los policías no estaban adentrándose en las comunidades, debido a la pandemia. Si bien antes de la crisis había muchos jóvenes que carecían de un hogar acogedor, después el problema fue peor.

El aumento de la violencia entre personas obligadas a quedarse encerradas en sus casas no sorprendió a Delicia Harris, sobreviviente de abusos que trabaja con programas de asistencia juvenil en Rockford.

“La gente se veía obligada a quedarse en sus casas con los abusadores”, relata Harris. “Ya no podían decir ‘Me voy a donde la abuela’ o ‘Me voy a donde la prima’ porque nadie podía ir a ninguna parte”.

La violencia a menudo afectó a personas que ya llevaban la vida entera sumida en violencia. Entre el 2016 y el 2020, el 79% de las víctimas de homicidios y el 81% de los sospechosos de homicidios estaban involucrados en casos de abusos reportados a la policía, afirmó Whisenand.

Según un análisis de las cifras policiales, un joven promedio había experimentado una docena o más incidentes de abuso sexual o doméstico antes de cumplir los 18 años, ya sea como testigo o víctima. Algunos vieron a sus padres o a sus hermanos siendo baleados o apuñalados. En un caso, una niña había sido víctima o testigo de 26 incidentes de abuso entre los 9 y los 13 años de edad, incluyendo 10 casos de agresión sexual.

La joven fue arrestada por agresión física a los 17 años y “cuando me enteré, no me sorprendió para nada”, expresa Whisenand.

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Camp Hope (“Campamento Esperanza”) es una iniciativa lanzada por la municipalidad de Rockford para niños que hayan sido víctimas o testigos de hechos violentos.

El autobús que llevó a los chicos al campamento era tan lujoso que los jóvenes lo compararon con una nave espacial. Los pequeños, de entre 8 y 11 años, llegaron al Atwood Park en las afueras de la ciudad poco después. Fue la primera vez que habían salido del centro urbano.

Estuvieron tres días paseando por bosques, probando el tiro al arco y hablando de sus experiencias. El objetivo es hacer que crean en sí mismos y que aprendan a vivir con sus adversidades, destacó Annie Hobson, directora de servicios juveniles.

Para Hobson, es totalmente lógico que niños que estuvieron expuestos a la violencia eventualmente sean violentos ellos mismos.

“Eso es lo único que han visto, es lo único que han vivido”, expresó Hobson, añadiendo que los acampantes saldrán de allí con destrezas para lidiar con los vaivenes de la vida, y con un mentor al cual pueden acudir.

La AP no pudo entrevistas a los participantes del campamento debido a la norma de la ciudad que pide mantener el anonimato de menores. Rockford tiene otros programas orientados específicamente para niñas o para adolescentes.

En casos de abuso doméstico, “no creo que jamás podamos entender cómo se siente un niño al ver ese tipo de cosas”, expresó Jennifer Cacciapaglia, directora del departamento de prevención de violencia de la alcaldía.

Pero si no se hace algo por esos chicos, recalcó Cacciapaglia, “lo pagaremos. Será más tarde o más temprano, pero lo pagaremos”.