Fiscal sorprende con oferta en juicio por fraude en Vaticano
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Un fiscal del Vaticano ofreció el martes reiniciar su investigación por fraude y corrupción de la inversión de 350 millones de euros de la Santa Sede en un inmueble en Londres para remediar problemas de procedimiento que según la defensa son tan graves que invalidan la acusación.
El fiscal Alessandro Diddi hizo la inesperada oferta de retirar todas las pruebas y volver a interrogar a los sospechosos al inicio de una segunda sesión del juicio que comenzó en julio. Diddi dijo que su oficina siempre ha garantizado el respeto a los derechos de los acusados y que su propuesta era una manera “sensata” de responder a las objeciones de la defensa.
Los abogados de los 10 acusados han dicho que la fiscalía les ocultó pruebas cruciales y no interrogó a sospechosos durante la fase de investigación acerca de todas las acusaciones que conformaron el acta. Dicen que a raíz de esos y otros presuntos errores de procedimiento se debería invalidar toda la acusación.
Los abogados sostienen que esos errores violan los procedimientos del Vaticano y les impidieron efectuar una defensa. Los fiscales han dejado vencer plazos para presentar todas las pruebas y no han respetado una orden de entregar los videos de los interrogatorios de monseñor Alberto Perlasca, un sospechoso convertido en testigo principal.
Un tribunal de tres jueces planea emitir una orden el miércoles de fallar sobre la oferta de Diddi de poner en pausa el juicio para poder interrogar a todos los sospechosos, dijo el presidente del tribunal, Giuseppe Pignatone.
En 2013, la Santa Sede invirtió en un emprendimiento inmobiliario en Londres que le costó decenas de millones de euros, en buena parte donaciones de los fieles utilizadas para pagar los honorarios de corredores italianos.
Los fiscales han acusado a los corredores de defraudar a la Santa Sede y a varios funcionarios del Vaticano de abuso de autoridad, corrupción y otros cargos,
Perlasca, jefe de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, era el funcionario más implicado en el negocio en Londres. Al principio fue un sospechoso clave por haber firmado los contratos con los corredores.
Pero después del interrogatorio inicial, despidió a su abogado y aparentemente empezó a colaborar con los fiscales. La información de sus interrogatorios resultó tan importante para la fiscalía que le ahorró la acusación y sirvió de base para varios cargos contra los acusados.