Activistas colombianas piden a corte despenalizar el aborto
BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La activista y jurista Cristina Rosero Arteaga protestaba el martes junto a decenas de mujeres frente a la Corte Constitucional de Colombia exigiendo que sea eliminado el delito de aborto del Código Penal.
Vestida con la emblemática pañoleta verde y un suéter y tapabocas del mismo color, Rosero levantaba un cartel que decía: “Decidir sobre mi cuerpo no me hace criminal”.
La Corte Constitucional está a punto de fallar sobre una demanda que pide declarar inconstitucional el artículo que indica que una mujer que aborte puede ser condenada a pagar entre uno y cuatro años de prisión.
En Colombia solo está permitido el aborto bajo tres causales desde 2006: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
“La criminalización del aborto es focalizada en aquellas mujeres más vulnerables que probablemente no tuvieron acceso a la información para saber que estaban dentro de las causales”, aseguró a The Associated Press Rosero Arteaga, quien es abogada del Centro de Derechos Reproductivos. “Casi el 97 % de los casos que son investigados en este tema corresponden a mujeres en zonas rurales y casi el 30 % de ellas fueron víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y lesiones personales”, agregó.
Un informe de la Mesa por la Vida difundido este año indica que entre 2006 y 2019 fueron condenadas o sancionadas por el delito de aborto 346 personas, siendo las menores de edad entre 14 y 17 años las más “perseguidas y sancionadas”, al representar el 12% de los casos.
“Creo que Colombia es uno de los países que progresivamente se ha ido alineando con los estándares internacionales de derechos humanos... pero al mismo tiempo solo si, por ejemplo, la corte efectivamente elimina el delito será un verdadero referente y ejemplo a seguir en relación con los derechos reproductivos en la región”, indicó a la AP Carmen Cecilia Martínez, gerente regional del Centro de Derechos Reproductivos.
