México liberará a 682 presos ancianos y torturados

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México liberará a 682 presos que no estén condenados por delitos graves, que padezcan alguna enfermedad degenerativa o en fase terminal, mayores de 70 años, indígenas, que hayan sido víctimas de tortura o que lleven más de dos años en prisión preventiva sin sentencia, indicaron el martes las autoridades.

Las liberaciones fueron anunciadas por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo en una conferencia en el palacio de gobierno que el miércoles se concretarán las excarcelaciones de los referidos detenidos que están en cárceles de 13 estados y 36 penales federales en atención a un decreto presidencial.

Al explicar los alcances de la medida López indicó que "hemos trabajado para hacer realidad un acto de justicia en favor de las personas privadas de su libertad, adultos mayores que tienen una enfermedad crónico degenerativa y en fase terminal, victimas de tortura comprobada con protocolo de Estambul, indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como quienes llevan dos o más años en prisión preventiva o sin sentencia”. El decreto fue publicado el 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.

El Secretario de Gobernación detalló que el proceso no beneficiará a quienes están detenidos por delitos como trata de personas, delincuencia organizada, secuestro o que ameritan prisión preventiva.

Las autoridades mantienen en evaluación otros 4.233 casos de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujeto de análisis en el ámbito federal. Los expedientes fueron enviados a los jueces competentes, precisó el alto funcionario.

La mayoría de los motivos para concretar las excarcelaciones tales como tortura, medidas humanitarias por edad o enfermedad o por tener más de dos años en prisión preventiva ya están incluidas en las leyes vigentes pero no se cumplen.

El Secretario de Gobernación descartó la liberación de Israel Vallarta, detenido desde 2005 por un polémico caso de secuestro y que denunció torturas por las que fueron procesados varios policías. El alto funcionario precisó que Vallarta tiene pendiente otro proceso por secuestro que lo limita para recibir el beneficio.

En 2005 Vallarta fue apresado junto a la francesa Florence Cassez por secuestro. En torno a sus capturas se organizó un montaje para exhibirlos ante las cámaras de televisión, una actuación que la Corte Suprema mexicana calificó en 2013 de “escenificación planeada y orquestada” que “vició” todas las evidencias, lo que llevó a que Cassez fuera puesta en libertad después de siete años en prisión por violaciones al debido proceso.

En el polémico caso estuvieron involucrados el extitular de la División de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, que fue apresado a comienzos de julio a las afueras de la capital mexicana, y su jefe Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, que fue arrestado en diciembre de 2019 en Estados Unidos donde enfrenta un proceso judicial por supuestamente haber recibido enormes cantidades de dinero del cartel de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de permitir que traficara cocaína a sus anchas.

“Queremos dejar claro que como política de Estado nosotros no permitimos la tortura, en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia”, expresó en julio el presidente Andrés Manuel López Obrador al defender el decreto para liberar a los internos ancianos que no hayan cometido delitos graves, personas que llevan más de dos años en prisión preventiva sin sentencia o que hayan sido torturados.

En México hay más de 94.000 presos sin sentencia -el equivalente a 43% del total-, pero sólo 7.200 de ellos están en prisiones federales. Según el último informe sobre tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2020 la fiscalía federal tenía más de 4.600 denuncias pero en los últimos dos años sólo se habían judicializado nueve casos.

Desde que llegó al gobierno en 2018 López Obrador se comprometió a aliviar la superpoblación que existe en muchas cárceles de México e intentar evitar que personas inocentes o que no suponen un peligro para la sociedad estén en prisión. De acuerdo con cifras oficiales la población penal es de 220.866 personas.

Para ello, en abril de 2020 se aprobó una ley de amnistía que pretendía beneficiar a personas sentenciadas por posesión o transporte de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales, indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso o mujeres encarceladas por abortar.

Sin embargo, según los datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, un año después solo habían sido liberadas cinco personas del millar de solicitudes de amnistía recibidas.

De forma adicional, fueron preliberados 6.700 presos en situación de riesgo por COVID-19.