HRW: Reformas amenazan independencia judicial en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — Dos leyes aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido oficial Nuevas Ideas, “amenazan la independen judicial en El Salvador, al permitir que las autoridades remuevan los jueces y fiscales mayores de 60 años o realizar traslados", afirmó el jueves Human Rights Watch.

La noche del martes, la Asamblea Legislativa aprobó reformas la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de ampliar las facultades para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, así como realizar traslados. Las reformas, aprobadas con los votos del partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, que controla por completo al Congreso Unicameral, fueron criticadas por diputados opositores, que más tarde recibió el rechazo de jueces, gremiales de abogados y organizaciones de la sociedad civil.

“Desde que los legisladores de Bukele obtuvieron el control de la Asamblea Legislativa en mayo, han adoptado medidas drásticas orientadas a destruir la independencia la Corte Suprema y la Fiscalía”, expresó Juan Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un comunicado de prensa.

También la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Jean mandes, cuestionó la decisión del Congreso salvadoreño. “Nos preocupan las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía. Un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia”, dijo la diplomática en su cuenta oficial de Twitter. Agregó que “la discriminación general por edad o años de trabajo asegura que no se aprovecha el talento que hay y abre la puerta a influencias políticas en el sistema judicial”.

El jueves un grupo de jueces y magistrados solicitaron audiencia a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, pero se las negaron y únicamente se les permitió presentar dos escritos en la secretaria de la Sala de lo Constitucional.

Por su parte, la poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) emitió un pronunciamiento público en el que afirman que las reformas “no atacan directamente la corrupción, sino que comprometen la independencia judicial”.

Según las reformas, el ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplen sesenta años, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo. La presente regla no aplicará a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero agrega que el magistrado o juez que ha cesado en sus funciones quedará en régimen de disponibilidad, si así lo consintiere expresamente; pudiendo la Corte Suprema de Justicia determinar la posibilidad de que puede seguir ejerciendo en determinada sede judicial atendiendo a razones de necesidad o especialidad de la materia.

También se reformó la Ley Orgánica de la FGR, para que el fiscal general, “por razones justificadas de conveniencia del servicio”, pueda ordenar el traslado temporal o permanente de los miembros de la carrera fiscal.

La reforma también pone fin a la carrera fiscal cuando las personas cumplen 60 años. Están exentos el fiscal adjunto, el auditor fiscal y el secretario general del Ministerio Público.

Human Rights Watch, dijo que aunque no hay claridad con respecto a cuantos jueces se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200 de los cerca de 700 en el país podrían ser destituidos y reemplazados por jueves designados por la Corte Suprema, institución que el partido de gobierno ha cooptado”. Señaló que desde que asumió en 2019, el presidente Bukele “ha debilitado el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos. Bukele ha cuestionado abiertamente pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que prohibieron llevar a cabo detenciones por infracciones a las medidas contra el COVID-19, y ha acusado a algunos jueces de genocidas”.

La Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele, destituyó de un plumazo a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, una medida percibida como un golpe a la institucionalidad. Esa misma noche, el pleno de la Asamblea escogió y juramentó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al nuevo fiscal general.

“Los jueces fueron removidos simplemente porque el gobierno le disgustaban sus sentencias, lo cual viola estándares internacionales sobre independencia judicial”, agregó Human Rights Watch..