Tribunal argentino ordena reabrir causa de vacunatorio VIP
BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino ordenó el lunes reabrir la causa judicial que investigaba un esquema discrecional de vacunación contra el nuevo coronavirus para funcionarios y allegados al gobierno del presidente Alberto Fernández, que había sido cerrada por una jueza de primera instancia.
Una cámara de apelaciones de Buenos Aires ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti reabrir la pesquisa que había archivado parcialmente en julio por inexistencia de delito y profundizar la investigación sobre los funcionarios supuestamente involucrados a principios de año en el llamado “vacunatorio VIP”. También le exigió investigar a las decenas de personas que recibieron vacunas dentro del Ministerio de Salud y en un hospital de las afueras de Buenos Aires antes de lo que les correspondía y saltándose los turnos del plan de vacunación nacional.
Con su decisión, que se conoce en medio de la campaña electoral para las primarias abiertas y obligatorias del 12 septiembre que anteceden a las legislativas de noviembre, el tribunal hizo lugar a un pedido del fiscal federal Sergio Rodríguez.
El escándalo del “vacunatorio VIP” generó en febrero la renuncia del entonces ministro de Salud Ginés González García y golpeó fuertemente la imagen del presidente Fernández en momentos en que el plan de vacunación transcurría con lentitud. El mandatario señaló entonces que le había pedido la dimisión al funcionario porque lo ocurrido fue “imperdonable”.
Al cerrar la causa, Capuchetti señaló que de los alrededor de 70 vacunados que informó el gobierno -entre los cuales había diputados, senadores, funcionarios, periodistas y empresarios- cinco únicamente serían investigados, entre ellos dos hijas del expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003) que no pertenecían a grupos priorizados para recibir las vacunas, como era el personal de salud, las personas con enfermedades previas y los mayores de 60 años.
La jueza dijo además que no existe un delito penal que castigue a un funcionario por haber violado una conducta ética y haber otorgado “tratos especiales” a quienes, por ser adultos mayores de 60 años, integraban uno de los grupos prioritarios para recibir los inmunizantes, lo que -según apuntó- era el caso de muchos de los favorecidos.
Luego de que el gobierno difundió la lista de las 70 personas vacunadas, en las redes sociales se multiplicaron las denuncias de particulares y miembros de la oposición que afirmaban que jóvenes militantes del oficialismo y familiares de alcaldes y otros funcionarios habían sido inmunizados de forma supuestamente privilegiada en distintas jurisdicciones del país.
