Indígenas marchan en Brasil antes de "fallo del siglo"
BRASILIA (AP) — Miles de indígenas marcharon el miércoles rumbo al Supremo Tribunal Federal de Brasil para hacer sentir su presencia frente a los ministros que tienen previsto emitir un fallo de implicaciones trascendentales para los derechos sobre la tierra.
Ataviados con penachos y con el cuerpo pintado, los manifestantes cantaron y bailaron en un trayecto de 5 kilómetros (3 millas). El contingente, que ha acampado toda la semana en la capital, está integrado por unas 6.000 personas de 173 grupos étnicos de todo el país, según la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, un grupo defensor de los derechos de las comunidades autóctonas y uno de los organizadores.
Los ministros programaron para el jueves su revisión del fallo de un tribunal de menor instancia que invalidó el reclamo de algunas comunidades indígenas en el estado de Santa Catarina de lo que aseguran es su territorio ancestral. El tribunal inferior basó su decisión en alegatos de que los indígenas no ocupaban la tierra en octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución tras el regreso de la democracia al país, algo que los indígenas refutan.
Los organizadores de la protesta aseguran que la decisión de la corte podría convertirse en “el fallo del siglo” porque si se invalida que 1988 sea el punto de referencia, los jueces en todo el país se verían obligados a imponer ese criterio en casos similares pendientes, y repercutiría igualmente en la suerte de un controvertido proyecto de ley relacionado que va avanzando en el Congreso.
El presidente Jair Bolsonaro insinuó el miércoles que un fallo así alentaría nuevas peticiones para que se reconozcan oficialmente centenares de territorios indígenas.
El procurador general presentó una solicitud ante el máximo tribunal con la que buscaba impedir que los indígenas se reunieran, argumentando protocolos relacionados con la pandemia que el mismo mandatario ha ignorado continuamente. El juez Luis Roberto Barroso rechazó la petición y dijo creer que los manifestantes estaban tomando precauciones.
Las grupos agropecuarios argumentan que la fecha de 1988 da certidumbre a aspectos de la ley de propiedad, pero los activistas señalan que ignora el hecho de que muchos pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, en particular durante la dictadura militar, o quizá carecen de medios formales para mostrar su posesión.
“El criterio no es funcional para determinar si un territorio estuvo o no ocupado tradicionalmente porque hay diversos contextos, diversos grupos que por muchas razones no estaban en sus territorios en 1988”, dijo Samara Pataxó, abogada de la asociación.
Pi Surui, de la aldea 7 de Septiembre, en el estado de Rondonia, dijo que vino a la capital para dejar claro que el territorio indígena es más que tierra simplemente.
“Es sagrado, nuestra historia, nuestra vida”, declaró Surui, de 23 años, en el campamento de manifestantes. “Tenemos derecho a tener cultivos, a vender nuestro ganado, a nuestra pesca, a vivir de forma sostenible. También nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, equilibrando nuestras necesidades y avances como seres humanos, pero sin perder nuestra cultura”.
El gobierno del estado de Santa Catarina asegura que la comunidad indígena implicada en el caso que dirime la corte “invadió” la tierra en 2009. El pueblo xokleng afirma que la extensión original de su territorio disminuyó progresivamente con la invasión de los agronegocios y que ellos jamás se marcharon de la zona.
Bolsonaro ha dicho reiteradamente que los pueblos indígenas controlan demasiada extensión de tierra en proporción a sus habitantes —sus territorios abarcan 14% de Brasil, principalmente en la Amazonía—, y ha manifestado abiertamente su deseo de fomentar el desarrollo rural.
En conjunción con los intereses agrícolas, Bolsonaro ha argüido que la fecha de referencia de 1988 ya quedó establecida en un fallo judicial anterior. Modificarlo ahora podría crear “caos”, dijo el mandatario el miércoles en una entrevista televisiva.
“Si eso sucede, tendremos de inmediato frente a nosotros centenares de nuevas zonas (indígenas) que demarcar”, aseguró Bolsonaro a la estación Canal Rural. “Además de las pérdidas para los productores rurales —muchos de los cuales tienen familias que ocupan la tierra desde hace más de 100 años—, esas tierras que hoy son productivas podrían dejar de serlo”.
Algunos de los manifestantes portaban el miércoles pancartas que decían “Fuera Bolsonaro” y “El territorio indígena es vida”.
José Miguel Vivanco, secretario ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, rechazó en Twitter la fecha de referencia que, dijo, terratenientes y aliados de Bolsonaro apoyan para expulsar a indígenas.
La supermodelo brasileña Gisele Bündchen, que a menudo aboga por las etnias autóctonas y las causas ambientales, también criticó la fecha en redes sociales.
Brasil tiene 421 territorios indígenas reconocidos oficialmente donde viven 466.000 personas, según el Instituto Socioambiental, una organización sin ánimo de lucro.
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Álvares informó desde Brasilia y Biller desde Río de Janeiro.
