AP Explica: ¿Qué sigue para la medida "Permanecer en México?

PHOENIX (AP) — La decisión de la Corte Suprema de ordenar que se restaure la política migratoria “Permanecer en México” ha generado críticas de grupos activistas, elogios de parte del expresidente Donald Trump y promesas por parte del gobierno del mandatario Joe Biden de seguir impugnando la orden de una corte menor de reinstaurar la medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesa su petición en los tribunales estadounidenses.

La decisión del martes por la tarde señalaba que es posible que el gobierno de Biden haya violado la ley federal al intentar ponerle fin al programa de la era Trump, conocido formalmente como Protocolos de Protección al Migrante. El fallo generó varias preguntas, desde si tendrá éxito una impugnación legal hasta cuáles serían los efectos prácticos de la política en caso de ser ratificada.

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¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO PARA EL GOBIERNO DE BIDEN?

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que tomaría medidas para cumplir con la decisión del máximo tribunal mientras el gobierno federal presenta su apelación.

El gobierno podría intentar nuevamente ponerle fin al programa al hacer que la dependencia presente una explicación más detallada de su decisión de terminar los Protocolos de Protección al Migrante.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró el miércoles que el gobierno había apelado la decisión de una corte de distrito de la que surgió la orden de la Corte Suprema, y que seguiría impugnándola "vigorosamente”.

En tanto, Trump acogió el veredicto de la corte y señaló que ahora el gobierno de Biden debe restablecer “uno de los programas más exitosos e importantes para proteger la frontera”.

Durante la presidencia de Trump, la medida requería que los decenas de miles de solicitantes de asilo regresaran a México. Su objetivo era desalentar la llegada de inmigrantes, pero sus críticos señalaron que la medida le negaba a las personas su derecho legal a buscar protección en Estados Unidos, forzándolos a esperar en las peligrosas ciudades del lado mexicano de la frontera.

Expertos en inmigración de Estados Unidos destacaron que, sin importar lo que suceda a largo plazo, el gobierno de Biden tiene un amplio criterio para decidir qué tanto de la medida restablecería en caso de fracasar en sus intentos de apelación.

“Podría restablecerla en una escala muy pequeña para familias que cumplan ciertos criterios de nacionalidades muy específicas, o podría hacer algo a mayor escala”, dijo Jessica Bolter, analista del Instituto de Política de Migración, en Washington.

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¿CUÁL ES LA REACCIÓN DE MÉXICO?

Poco después de que se emitiera la orden, Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuiteó que cualquier decisión que tome México en torno al fallo estaría basada en la soberanía y los derechos humanos.

El miércoles por la noche, en un video divulgado por la misma vía, dijo que México “no se posiciona con respecto a dicho fallo”, una decisión judicial que “no obliga” al gobierno mexicano y que no tiene una “implicación directa" en su gestión migratoria.

No obstante, reconoció que se iniciará un diálogo técnico con Estados Unidos para responder “de manera humanitaria” a la situación actual y evaluar los posibles escenarios.

Durante la presidencia de Trump, el gobierno mexicano manifestó que cooperaría con el programa también por motivos humanitarios. Pero aunque se les otorgaron visas para quedarse en el país hasta su fecha de audiencia en Estados Unidos, a menudo los migrantes debían esperar en zonas peligrosas controladas por el crimen organizado, por lo que quedaban expuestos a secuestros, asaltos, violaciones e incluso la muerte. Otros solicitantes de asilo fueron transportados en autobús hacia el sur de México o se les “invitaba” a regresar a sus países de origen.

Técnicamente, México podría bloquear el programa al negarse a aceptar a los migrantes devueltos. Sin embargo, analistas como Tonatiuh Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración, consideran que eso es poco probable tomando en cuenta el historial de cooperación con Estados Unidos.

Guillén apostó porque las autoridades mexicanas acaben por asumir la postura de Washington, pero recordó que el país no cuenta con los recursos suficientes para lidiar con la afluencia de solicitantes de asilo en la frontera y que los albergues de las organizaciones civiles están ya llenos.

Por su parte, más de 70 colectivos internacionales, de México y de Estados Unidos enviaron una carta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para pedirle que rechace la decisión del máximo tribunal estadounidense.

"No creo que ni México ni el gobierno de Biden quieran restablecer el programa a su máxima capacidad en este momento", declaró Bolter. “Si se reanuda a un bajo nivel, tendrá graves consecuencias para las familias o para otros inmigrantes que están sujetos al programa. Pero, en general, creo que es poco probable que el panorama en la frontera cambie drásticamente”.

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¿QUÉ TAN EXTENSO ERA EL PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Especialistas en inmigración aseguran que los Protocolos de Protección al Migrante se redujeron significativamente durante la pandemia, cuando las autoridades comenzaron a utilizar protocolos de salud pública para expulsar a los migrantes con rapidez.

El gobierno de Trump colocó a unos 6.000 migrantes en el programa entre abril de 2020 y enero de 2021, una fracción de los más de 71.000 solicitantes de asilo que fueron parte del programa en general, indicó Bolter. El gobierno implementó el programa en enero de 2019.

“Evidentemente no operaba al nivel que lo hacía antes, pero sin duda aún se colocaba a personas en él”, dijo Bolter. Añadió que el programa era utilizado principalmente para los migrantes a los que México se rehusaba a aceptar bajo los protocolos de salud pública relacionados con la pandemia, conocidos como Título 42.

Victoria Neilson, abogada del programa de defensa de poblaciones vulnerables CLINIC, destacó que muchos menos migrantes han sido parte del programa desde el inicio de la pandemia, ya que muchos de ellos han sido expulsados en cumplimiento al Título 42, el cual implementó el gobierno de Trump y se mantuvo con su sucesor.

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¿QUÉ SUCEDERÍA CON LAS EXPULSIONES EN APEGO AL TÍTULO 42?

El Departamento de Estado sostiene negociaciones con el gobierno mexicano mientras revisa los protocolos de la era Trump para determinar la manera en que pueden implementarse mientras el Título 42 se mantiene vigente, señaló un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló bajo condición de anonimato a fin de revelar deliberaciones internas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) renovaron los poderes de salud pública del Título 42 a principios de este mes. El gobierno ha enfatizado que el Título 42 no es una autoridad migratoria, sino de salud pública, y que su uso continuo depende de los análisis que lleven a cabo los CDC sobre la situación de salud pública.

A pesar de que continúan las expulsiones en apego al Título 42, por el momento Estados Unidos ha dejado de procesar los casos de las personas que fueron enviadas de regreso a México por los Protocolos de Protección al Migrante durante el gobierno de Trump.

En semanas recientes, los migrantes centroamericanos que fueron expulsados en cumplimiento al Título 42 fueron enviados vía aérea desde Estados Unidos al sur de México, lo que desató inquietudes entre las agencias de la ONU sobre la situación de migrantes vulnerables que, aseguran, necesitan de protección humanitaria.

Durante años, el gobierno estadounidense ha trasladado de manera intermitente a mexicanos hacia la parte sur del país para desalentar la reincidencia de cruces fronterizos, pero los vuelos que comenzaron este mes desde Brownsville, Texas, hacia las ciudades de Villahermosa y Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, parecen ser los primeros en que se envía a centroamericanos hacia el sur de México.

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Taxin reportó desde el condado de Orange, California.

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Los periodistas de The Associated Press María Verza en Ciudad de México, y Ben Fox y Mark Sherman, en Washington, contribuyeron con este despacho.