España justifica repatriación de niños migrantes a Marruecos
MADRID (AP) — Las autoridades españolas buscaron justificar el martes su política de enviar a niños migrantes no acompañados de regreso a Marruecos, mientras que 28 organizaciones de derechos humanos pidieron al presidente del gobierno español cesar dicha práctica.
Cientos de menores no acompañados se encontraban entre las casi 10.000 personas que intentaron entrar en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, en mayo, escalando una valla fronteriza o nadando alrededor de ella. Están ahí desde entonces.
El viernes, España comenzó a enviarlos de regreso a Marruecos en grupos de 15, lo que provocó protestas de grupos de derechos humanos.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo el martes que los retornos se estaban llevando a cabo en virtud de un acuerdo de 2007 entre ambos países para retornos asistidos una vez que se hayan considerado los casos de niños.
Rabat ha garantizado de que se respetarán los derechos de los menores, dijo.
En una entrevista con la radio pública española RNE, Marlaska indicó que están repatriando a los que es posible y aseguró que no están en riesgo.
El jefe de gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reconoció que el acuerdo de 2007 no establece reglas específicas, pero señala que España y Marruecos deben ponerse de acuerdo sobre cómo proceder con las devoluciones.
Independientemente de si se ha realizado una evaluación individual por escrito de cada niño, dijo, durante los últimos tres meses los menores que han sido devueltos han estado acompañados por profesionales calificados y ninguno clasificado por ellos como vulnerable ha sido repatriado.
Pero en una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y publicada el martes, 28 grupos de derechos españoles e internacionales insistieron en que las devoluciones son ilegales porque se realizan en grupo, sin previo aviso y sin audiencia ni asesoramiento legal.
Por eso, las devoluciones están en contravención del derecho español, europeo e internacional, argumentan los grupos de derechos.
Un tribunal español suspendió las repatriaciones hasta el jueves, dando al gobierno 72 horas para demostrar que no está infringiendo la ley.
