Crisis de 2019 en Bolivia: expertos apuntan a Morales y Áñez

LA PAZ, Bolivia (AP) — Expertos internacionales responsabilizaron a los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez por la violencia que derivó en “masacres”, “torturas”, “ejecuciones sumarias” y “graves violaciones de los derechos humanos” durante la crisis política de finales de 2019 que dejó 37 muertos y sumió al país en el caos tras las fallidas elecciones que precipitaron la renuncia de Morales y la asunción interina de Áñez.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el martes su informe al presidente Luis Arce. Éste abarca septiembre y diciembre de 2019, los últimos días del gobierno de Morales y los primeros de Áñez tras las elecciones calificadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El informe señala que “la policía y las Fuerzas Armadas usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado” en la gestión de Áñez y cuestiona y critica al Poder Judicial y al Ministerio Público por su “falta de independencia”, por no garantizar el “debido proceso” y por su “instrumentalización para la persecución política". Asimismo, sugiere una reforma a fondo.

“Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político”. “No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política mientras que las que se identifican con el adversario son menos o no requieren atención", dijo la investigadora argentina Patricia Tappatá en nombre de los cinco expertos.

El GIEI califica los hechos de Sacaba y Senkata como masacres. Ambas ocurrieron después de la renuncia de Morales y cuando Añez, siendo senadora de oposición, se “declaró presidenta interina sin el quorum requerido” de la Asamblea Legislativa tras la renuncia en cadena de los cargos llamados a suceder. En ambos hechos murieron 20 seguidores de Morales por disparos de armas de fuego de las fuerzas del orden y en lo que hubo “ejecuciones sumarias”, dice el informe.

Los expertos también mencionan que las primeras bajas fueron de opositores y presenta evidencia de que en los últimos días de Morales en el poder “integrantes” de su gobierno, emboscaron y provocaron “heridos por disparos”. Se tomaron rehenes, hubo torturas y hechos de violencia sexual contra mujeres. “La violencia fue resultado de una polarización estimulada por agentes del Estado y políticos”. "Actitudes antiindigenistas y pro religiosas”, también alentaron la violencia en contra de seguidores de Morales, dice el informe, el más completo e independiente sobre los sucesos.

“Los hechos de violencia no ocurrieron de modo inesperado, fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su comportamiento”, dijo Tappatá a tiempo de solicitar a “autoridades políticas abstenerse de pronunciarse sobre los procesos en curso”.

A pesa de esa recomendación, el presidente Arce, heredero político de Morales, dijo que “hubo graves violaciones y ejecuciones que desembocaron en golpe de Estado”. “La señora Áñez se proclamó contraviniendo la Constitución. Si esto no es golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?”, dijo el mandatario ante familiares de las víctimas, diplomáticos y líderes sociales.

La oposición política rechaza la “teoría del golpe de Estado” y afirma que fue una “rebelión popular” contra el fraude de Morales. La Fiscalía, conducida ahora por un exfuncionario del gobierno de Morales, cerró el proceso penal de ese caso por falta de pruebas.

Áñez y otros 40 exfuncionarios, militares y policías están siendo procesados por los hechos. La exmandataria está detenida en prisión desde marzo acusada de sedición, terrorismo y conspiración pero no queda ningún proceso judicial contra Morales y sus excolaboradores.

Tras el arresto de Áñez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en Twitter que estaba “profundamente preocupado por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y politización” del sistema de justicia de Bolivia.

El GIEI recomendó al gobierno una investigación de los hechos y reparación de las víctimas y que la denuncias no prescriban. Arce dijo que desarticulará las “organizaciones parapoliciales” y ha pedido el Legislativo “aprobar un juicio de responsabilidades" contra Áñez. También anunció una ”reparación integral de las víctimas".

“Coincidimos y respaldamos el informe del GIEI: la reforma del sistema judicial y fiscal y el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso en los casos que deben juzgarse porque jueces y fiscales sometidos al partido de gobierno no son confiables”, dijo por Twitter el expresidente y líder opositor Carlos Mesa.

Mesa anunció además que impulsará un juicio contra Morales en instancias internacionales.