Exministro salvadoreño recibe refugio político en México
SAN SALVADOR (AP) — El gobierno mexicano otorgó el estatus de refugiado por persecución política al exministro de Obras Públicas de El Salvador, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez, sobre quien pende una orden internacional de captura, según informó el lunes su abogado defensor.
“El señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el Estado de México”, dijo a la prensa el abogado Pedro Cruz.
Cruz habló con los periodistas luego de presentar un recurso en contra de la decisión de un juez salvadoreño que ordenó la detención preventiva contra diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén, para que sean procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
“El gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura política, legislativa y judicial para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador”, agregó Cruz.
Al decretar la orden de detención preventiva, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador también resolvió girar oficio a Interpol para que emita difusión roja contra el expresidente Sánchez Cerén.
Además, se presentó la acusación y se solicitó la orden de captura con difusión roja contra Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.
Ya guardan prisión en las cárceles del país la doctora Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.
Recientemente el gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente Sánchez Cerén, su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez.
La mayoría de los acusados son prominentes dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros que gobernó el país entre 2009 y 2019 con los presidentes Funes y Sánchez Cerén.
El Ministerio Público asegura que han logrado exponer de manera amplia y detallada el resultado de la investigación en la que se logró determinar que mensualmente se erogaban aproximadamente cinco millones de dólares para entregarlos ilícitamente a los funcionarios públicos procesados.
En su acusación, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía estableció que los exfuncionarios recibieron ilícitamente 2,6 millones de dólares. Entre las pruebas presentadas se encuentran los recibos originales que los imputados firmaban cuando recibían el dinero. Explicaron que en el análisis técnico jurídico se ha clarificado que fue una entrega de dinero al margen de la ley y que nunca fue fiscalizado. Señalaron que para que un funcionario pueda recibir sobresueldos tiene que estar previamente estipulado en la ley y que, en este caso, ninguno estos exfuncionarios procesados tenían establecido en ninguna norma la entrega de este tipo de remuneraciones.
