Panamá y Colombia acuerdan cuotas ante avalancha migratoria

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Abrumados por la ola más grande de migrantes en su selvática frontera común en décadas, Panamá y Colombia acordaron permitir el cruce diario de grupos limitados para lidiar con la mayor avalancha migratoria que copa los centros de recepción remotos en Panamá en medio de la pandemia de coronavirus.

Es la primera vez que ambos países limítrofes consensan cuotas —650 diarios durante agosto y 500 a partir de septiembre— para atender ese fenómeno, y quedaron en llegar en los próximos días a un pacto con Costa Rica para que permita el paso de un número mayor de migrantes del que está permitiendo mediante un acuerdo establecido con Panamá en los últimos años, dijo la directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine.

“Esto para nosotros es muy positivo porque Panamá registró días en que estaba recibiendo, inclusive, hasta 1.500 y 2.000 migrantes. Hubo una semana en que recibimos hasta 10.000”, detalló Gozaine, quien con la ministra de Relaciones Exteriores panameña, Erika Mouynes, brindaron a la prensa un balance del primer encuentro virtual de cancilleres y otros funcionarios de países de entrada, tránsito y destino, en un esfuerzo regional por impulsar un flujo más controlado y seguro.

Alrededor de 15.000 migrantes —mayormente de Haití y que proceden principalmente de Chile— están intentando cruzar la inhóspita frontera colombo-panameña para seguir su ruta hacia Norteamérica. Gozaine dijo que debido a preocupaciones de poblados de esa zona por esa migración, se decidió mantener en secreto las rutas acordadas para ese tránsito.

Más de 50.000 haitianos, cubanos, venezolanos y migrantes del África y Asia ya han pasado por el Tapón del Darién en lo que va del año, superando el flujo más alto que se había dado —de 26.000— en 2018.

Funcionarios de Estados Unidos y Canadá se sumaron al llamado formulado por Panamá para el encuentro virtual, en el que tomaron parte el canciller de México, Marcelo Ebrard; de Brasil, Carlos Franca; de Colombia, Marta Lucía Ramírez; de Chile, Andrés Allamand; de Ecuador, Mauricio Montalvo; de Costa Rica, Rodolfo Solano y el vicecanciller del Perú, Luis Enrique Chávez.

Entre las medidas en que trabajarán —según las funcionarias panameñas— están que los países receptores brinden información sobre registros con antecedentes policiales, delictivos o criminales de los migrantes; establecer una especie de visa de tránsito para los extranjeros y fortalecer la lucha contra los traficantes de personas.

El flujo por la frontera colombo-panameña lleva más de una década, aunque en las últimas semanas escaló cuando se reportaron hasta 12.000 migrantes, en su mayoría haitianos, varados en lado colombiano que esperaban una embarcación que los llevase a un punto donde inicia el recorrido por la selva del Tapón del Darién.

Autoridades de migración colombianas informaron la víspera que en los últimos días se redujo la proporción de migrantes en esa zona a unas 3.000 personas, lo que indicaría que el resto emprendió el peligroso cruce de varios días con rumbo a Panamá, donde son recibidos en campamentos temporales. El país centroamericano ha destinado 20 millones de dólares para atender la crisis, mientras lidia con el tema de seguridad y sanitario. Una veintena de migrantes que arribaron recientemente resultaron positivos al coronavirus, se informó el miércoles.

Un devastador y mortífero terremoto en 2010, la endémica miseria atizada por la pandemia y la violencia y crisis política están entre los factores que empujan a los haitianos a abandonar su país.

No se dijo nada, sin embargo, sobre el incierto panorama que espera a los migrantes —mayormente haitianos y africanos— cuando logran arribar a la frontera entre México y Estados Unidos, donde buena parte quedan varados en albergues o enfrentan obstáculos migratorios y sanitarios para llegar a su destino.

De acuerdo con Julio López, responsable de la pastoral de movilidad de la Iglesia católica y que tiene la mayor red de albergues para migrantes en México, el arribo de migrantes a la frontera norte del país “se mantiene más o menos constante, aunque el título 42 sigue vigente y Estados Unidos sigue devolviendo a muchos”.

En la jornada, agencias de las Naciones Unidas expresaron en un comunicado su preocupación por “las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública”.

Dijeron que su aplicación ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una “situación más crítica”.

“Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”, expusieron.

Agregan que la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada, “haciéndose necesario fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria. Todo esto agravado por la pandemia por COVID-19 y la falta de protocolos de salud para mitigar los riesgos de contagios”.

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Las corresponsales de AP Astrid Suárez, en Bogotá, y María Verza, en Ciudad de México, contribuyeron con este reporte.