Colombia: Antiguos enemigos en conflicto narran su "verdad"

BOGOTÁ (AP) — Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño fueron durante años enemigos acérrimos en el conflicto interno colombiano. El primero era el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, a las que se les consideraba paramilitares, y el segundo el máximo comandante de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los dos entregaron las armas junto con miles de sus combatientes, se sometieron a procesos de paz y el miércoles por primera vez dieron su versión sobre los años de guerra de manera conjunta y pública.

“Lo que contaré no es ni justificación ni apología, sólo es lo que ocurrió hace años, cuando éramos actores de la guerra”, dijo Mancuso vestido de traje naranja desde Estados Unidos, donde cumplió una pena por narcotráfico y se encuentra a la espera de su extradición a Colombia para responder por crímenes pendientes, o a Italia, donde tiene su segunda nacionalidad.

“Este es un momento muy importante, estamos viendo los frutos de lo que acordamos en La Habana”, agregó Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y hoy jefe de Comunes, el partido político de excombatientes de las FARC.

El escenario fue la Comisión de la Verdad, entidad creada tras el acuerdo firmado en 2016 entre las FARC y el Estado que tiene la misión de esclarecer el conflicto colombiano, sin funciones judiciales.

“Nos reunimos para decirnos las verdades que nos ayuden a comprender por qué nos vimos en este dolor espantoso en el que posiblemente más de nueve millones de personas sufrieron”, aseguró el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

Las víctimas, que asistieron presencialmente en Colombia y virtualmente desde 25 países, les pidieron explicaciones a los otrora comandantes de los temidos grupos ilegales: ¿Por qué quedaron ellas en medio de fuego cruzado? ¿Cuál fue la relación de los paramilitares con las instituciones del Estado para cometer ejecuciones extrajudiciales? ¿Por qué persiguieron a la comunidad LGBTI, a los jueces, a los alcaldes?

Tanto Mancuso como Londoño pidieron perdón a las víctimas y ratificaron su voluntad de contribuir a su reparación, y coincidieron en que en su andar ilegal causaron un dolor extremo e injustificado a la población civil desde dos orillas: las FARC intentando tomar el poder por la vía armada, y los paramilitares de las AUC buscando exterminar a las guerrillas de izquierda que amenazaban la institucionalidad.

Según Londoño, las incursiones armadas a los pueblos —en los que generalmente la población resultaba afectada por el uso de explosivos y armas— tenían el objetivo de atacar los puestos de la policía y las bases militares, y no a los civiles. El Centro de Memoria Histórica registró que entre 1965 y 2013 las FARC fueron responsables de más de 1.000 ataques de ese tipo.

En cuanto a los asesinatos, desapariciones y hostigamientos del partido político Unión Patriótica —formado en la década de 1980 tras la firma de un acuerdo de paz con las FARC_, Mancuso endilgó la responsabilidad al Estado colombiano.

“Nosotros tuvimos responsabilidades, lo reconozco y pido perdón, pero había una preocupación porque decían que la guerrilla tenía un brazo político... el temor de que Colombia se volviera otra Cuba... llevó a que desde el Estado se ejecutara esto, y fue (el) Ejército, (la) Policía con Dijín (Dirección General de Investigación Criminal e Interpol), DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)”, agregó.

El caso de la Unión Patriótica, con 6.000 víctimas, donde se estudia la presunta responsabilidad del Estado colombiano, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2018 y se está a la espera del fallo.

“En la creación y evolución de las autodefensas en las regiones hay una participación y responsabilidad de los sectores de poder, no solamente económicos, también políticos y sociales”, indicó Mancuso. “Empezamos a hacer alianzas con sectores políticos… se conoció como la parapolítica. Más del 35% de Congreso de la República, alcaldías, gobernaciones en centenares de municipios donde tuvimos dominio y control”.

Los dos exlíderes de los grupos armados reconocieron que recurrieron al narcotráfico para financiar la confrontación y aseguraron que conseguían las armas en el mercado negro internacional.

Londoño aseguró que es un “mito” que recibieran financiación en dólares de Rusia y Cuba. “Ojalá hubiera sido cierto”, indicó.

Una de las fuentes de financiación de las FARC fue el secuestro. El Centro Nacional de Memoria Histórica indica que dejaron 24.482 víctimas por dicha práctica.

“Nosotros trajimos de una fábrica que se llamaba Arsenal, que queda en Bulgaria, alrededor de 4.000 fusiles AK47, M60, ametralladoras, lanzagranadas. De Venezuela, de Centroamérica, trajimos alrededor de 4.000... también hubo pactos con narcotraficantes, a los que se les pidió nos consiguieran armas en el mercado internacional y algunos de ellos pidieron que se les pagaran con droga”, indicó Mancuso.

Mancuso pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto, colaborar como testigo en el caso de los llamados “falsos positivos”, que son las ejecuciones extrajudiciales en las que algunos miembros del Ejército —con ayuda de los paramilitares— asesinaron a civiles y los presentaron como guerrilleros muertos en combate.

Mancuso intentó en el pasado entrar a la JEP. En junio de 2020 fue rechazada su solicitud de sometimiento como “tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo", al considerar que no fue un colaborador sino un actor directo del conflicto.

“La importancia de Mancuso es que la Comisión de la Verdad le da la oportunidad de continuar hablando sobre su paso por la guerra, porque ya había empezado en Justicia y Paz (acuerdo de desarme de los paramilitares)”, dijo a The Associated Press Juan Diego Restrepo, director del portal periodístico Verdad Abierta, especializado en el conflicto armado. “Es importante que hable con pruebas; esa es la preocupación”.