México impulsa liberar a presos no sentenciados y torturados

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México elabora un decreto para liberar a todos los encarcelados por delitos no graves y que llevan más de 10 años en prisión preventiva, es decir, sin sentencia, y quiere agilizar la excarcelación de los presos que han sido torturados o de ancianos o enfermos crónicos mayores de 65 años.

Así lo indicó el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo énfasis en la condena y rechazo a la tortura, un delito grave que según organismos de Naciones Unidas y ONG internacionales ha sido una práctica generalizada en México durante años. “Queremos dejar claro que como política de Estado, nosotros no permitimos la tortura, en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

La mayoría de los motivos para concretar excarcelaciones apuntados por López Obrador —ser víctima de tortura, acogerse a medidas humanitarias por edad o enfermedad o llevar más de dos años en prisión preventiva— son situaciones que ya están incluidas en las leyes vigentes pero no se cumplen.

El decreto, además, sólo afectará a los reos en cárceles federales -una minoría- y tendrá que valorarse caso por caso, con lo que el alcance de la medida presidencial sería limitado.

En México hay más de 94.000 presos sin sentencia (un 43% del total) pero sólo 7.200 de ellos están en prisiones federales. El presidente no dio a conocer cuántos llevan más de una década encarcelados.

Y según Juan José García Ochoa, funcionario el sistema penitenciario, hay menos de 300 presos mayores de 65 años en cárceles federales.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado experto en derechos humano y director de la ONG Idheas, explicó a AP que el anuncio del jueves de López Obrador es un llamado de atención a que las leyes se cumplan más que implicar cambios sustanciales.

Además consideró importante que haya una declaración política presidencial contundente contra la tortura porque los ministerios públicos siguen utilizándola como “parte de la investigación”. En este sentido, enfatizó la importancia de que todas las denuncias se investiguen de forma independiente y no como ocurre ahora que los peritajes sobre este tipo de abusos los realiza el propio Ministerio Público, es decir, el cuerpo acusado de practicarlos.

Según el último informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre tortura, en 2020 la fiscalía federal tenía más de 4.600 denuncias pero en los últimos dos años solo se habían judicializado nueve casos.

El gobierno de López Obrador apostó desde que llegó al poder por aliviar la superpoblación que existe en muchas cárceles de México e intentar evitar que personas inocentes o que no suponen un peligro para la sociedad estén en prisión.

Para ello en abril de 2020 se aprobó una ley de Amnistía que pretendía beneficiar a personas sentenciadas por posesión o transporte de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales, indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso o mujeres encarceladas por abortar. Sin embargo, según los datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, un año después solo habían sido liberadas cinco personas del millar de solicitudes de amnistía recibidas.

En la actualidad México tiene 220.000 personas encarceladas, en torno a 30.000 de ellas en prisiones federales.